El ex nº 2 de Montero y empleado de Cerdán imputado por amañar otro concurso: «Es habitual hacer llamadas»

Vicente Fernández Guerrero, protegido de la ministra María Jesús Montero y ex directivo de la empresa Servinabar –propiedad al 45% de Santos Cerdán-, declaró como imputado por presuntos delitos por los que le piden 19 años de cárcel en el controvertido concurso de la mina de Aznalcóllar. Durante su comparecencia judicial en la fase de instrucción, cuyo vídeo publica ahora en exclusiva OKDIARIO, el ex alto cargo de la Junta de Andalucía con el PSOE defendió sus contactos telefónicos con empresarios como parte de sus funciones, asegurando que «todos, todos, en cualquier momento» disponían de «mi teléfono móvil, mi correo electrónico».

Este lunes, Vicente Fernández declara de nuevo ya en la fase de juicio oral en Sevilla. Se trata de un procedimiento abierto por delitos de prevaricación, cohecho, malversación, fraude y tráfico de influencias. Este alto cargo ligado también a José Luis Ábalos y Koldo García realizó múltiples llamadas y mandó emails a horas intempestivas por multitud de asuntos a directivos de la empresa finalmente elegida. La empresa que perdió el concurso y una asociación ecologista ha llevado a una serie de cargos al banquillo de los acusados. La Fiscalía pide el archivo del caso pero la juez Mercedes Alaya dictó un auto para reabrir el caso y celebrar juicio tras ver «ilegalidades severas».

La investigación se centró en las presuntas irregularidades que favorecieron al binomio Minor/Grupo México, finalmente adjudicatario del concurso, frente a otras candidaturas como Emerita Resources. El caso salpicó a varios altos cargos de la administración andaluza en la era del PSOE y empresarios del sector.

Fernández Guerrero ocupó el cargo de secretario general de Innovación, Industria y Energía entre finales de 2012 y principios de 2016, siendo posteriormente nombrado interventor general hasta junio de 2018, cuando accedió a la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Dio el salto a Madrid con la ministra de Hacienda y ahora vicepresidenta María Jesús Montero. Su carrera se truncó tras su imputación en este procedimiento. No obstante, de la mano de la periodista y fontanera Leire Díez trató de revocar la imputación. La SEPI estuvo 18 meses sin presidente a la espera de que esas maniobras prosperasen, pero no fue así.

La llamada de 5 minutos

El episodio más controvertido se produjo el 11 de abril de 2014, cuando según la investigación, Mario López Magdaleno, del Grupo Martel, habría afirmado en la sede de Emerita que «Martel tenía la llave del concurso y que para demostrarlo, unos cinco minutos después recibirían una llamada de la Consejería». Efectivamente, minutos después se recibió una llamada atribuida a Fernández Guerrero.

El investigado admitió la posibilidad de haber realizado esa llamada, pero negó categóricamente cualquier coordinación previa. «Yo llamé a Joaquín Merino, como llamé a José Luis Manzanares, como llamé a una serie de sujetos en esa fecha», declaró ante la juez, quien le preguntó hasta en tres ocasiones si se trató de una «absoluta casualidad».

«Una casualidad»

«Nadie podía arrogarse ninguna función de representación de la Junta de Andalucía en absoluto», respondió Fernández Guerrero, calificando como «impropio, incorrecto, incierto» que alguien pudiera hacer tal afirmación de control sobre el concurso.

El ex alto cargo justificó sus múltiples contactos empresariales como parte de sus funciones profesionales. «Nosotros nos encontrábamos en una situación de crisis económica galopante», explicó, añadiendo que «teníamos que articular cualquier relación que pudiéramos para incorporar inversiones a Andalucía».

Su principal vinculación con el Grupo Martel se producía a través de Juan Luis López Magdaleno, supuestamente en el contexto de la administración de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta, donde Martel era una de las cuatro empresas adjudicatarias junto a tres gigantes del sector.

«Trato imparcial»

Para demostrar la discutida imparcialidad con esta sociedad, Fernández Guerrero aportó dos datos: durante su mandato, el Grupo Martel solicitó incentivos autonómicos por valor de 11,5 millones de euros y «el resultado por parte de la administración fue otorgarle 0 euros». Además, en diciembre de 2014 impidió que Martel participara en una licitación relacionada con la red corporativa para evitar conflictos de intereses.

«Constituye casi un un desdoro, un insulto, un desprecio a la función pública de la Junta de Andalucía pensar eso», respondió cuando se le preguntó sobre posibles dádivas o gratificaciones por su presunta intermediación. No entró a valorar si precisamente por eso, de alguna manera, se estaba en deuda con esa empresa y se allanó el camino para que lograra el concurso de la mina.

Por otra parte, el imputado negó «jamás» haber coincidido con miembros de la familia López Magdaleno en Brasil, repitiendo hasta tres veces «jamás he coincidido con ello» cuando se le preguntó sobre presuntos encuentros para facilitar contactos con la constructora brasileña Odebrecht, célebre por sus casos de corrupción.

Antecedentes del concurso

El concurso de Aznalcóllar se puso en marcha en el verano de 2013 tras una resolución de los tres grupos parlamentarios presentes entonces en el Parlamento andaluz, que instaron a la reapertura de la mina «siempre que venga precedido de un concurso internacional donde se asegure la máxima solvencia de los licitadores».

La mina había permanecido cerrada desde la catástrofe ambiental de 1998, cuando la rotura de una balsa de residuos provocó el mayor desastre ecológico de la historia de España. Su gestión supuso un coste anual de 72 millones de euros al erario público hasta la adjudicación.

El proceso se complicó por un recurso de inconstitucionalidad y conflicto de competencias planteado por el Estado, que mantuvo el concurso suspendido hasta la aprobación del Real Decreto Ley del 11 de abril de 2014, precisamente la fecha de la polémica llamada telefónica.

Fernández Guerrero minimizó su papel en las decisiones del concurso, asegurando que su participación fue «prácticamente inexistente o escasa», concentrándose más en la elaboración de las normas reguladoras en 2013. Negó cualquier intervención en la composición de la mesa del concurso, la comisión técnica o los criterios de adjudicación.

El ex interventor defendió la transparencia del proceso, destacando que «el grado de pormenorizado de los criterios y sus criterios que existieran en el concurso de Aznalcóllar no tiene parangón en ningún otro concurso en el conjunto de España».

Los investigadores centraron entonces sus pesquisas en determinar si esa llamada profetizada fue realmente una fortuita coincidencia o la prueba definitiva de un tinglado que habría pervertido uno de los concursos mineros más importantes de la historia reciente de Andalucía. A esto se suma que tras su salida de la SEPI llegó a una polémica empresa navarra investigada por pagar mordidas a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, entre otros, por contratos logrados en UTE con Acciona. Se trataba de una empresa sin experiencia y sin las cuentas al día.