Un empresario del 3% confiesa que negociaba las comisiones con el actual conseller de Justicia

El consejero delegado de la constructora Copisa, Xavier Tauler, declaró el miércoles ante el juez que el actual conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, también forma parte del aparato de Convergencia dedicado al cobro de comisiones ilegales.

Xavier Tauter fue detenido el miércoles, durante la tercera fase de la Operación Petrum, puesta en marcha por la Fiscalía Anticorrupción para recabar pruebas sobre la financiación ilegal del partido de Artur Mas.

Durante su declaración ante el juez, Tauler reconoció que desde 2005 su empresa pagaba «donaciones» a la Fundación CatDem a cambio de obtener obras públicas adjudicadas por la Generalitat y por otras Administraciones gobernadas por CDC.

El empresario explicó que, a lo largo de esta década, ha negociado el pago de las comisiones primero con el ex tesorero de Convergencia Daniel Ossàcar (que se encuentra imputado en el caso Palau), luego con Germà Gordó (actual conseller de Justicia de la Generalitat) y durante los últimos años con el actual tesorero de CDC, Andreu Viloca, al que el juez ha enviado a prisión tras ser detenido el miércoles.

Xavier Tauler aclaró que realizó siempre estas gestiones cumpliendo las instrucciones de los propietarios de su compañía, la familia catalana Cornadó Vidal, muy próxima a las tesis nacionalistas de Convergencia.

Y explicó ante el juez cómo funcionaba el mecanismo para el pago de comisiones. Una vez convocado el concurso para adjudicar una obra pública, la empresa realizaba una primera «donación» a la Fundación CatDem a modo de «señal». Luego se celebraba una reunión con el tesorero del partido (o con Germà Gordó, en algunas ocasiones) para pactar el importe de la comisión. Por último, una vez adjudicada la obra, la empresa abonaba esta cantidad a la Fundación de Convergencia en forma de «donación».

El conseller Germá Gordó (La Pobla de Segur, Lérida, 1963) es una persona de la máxima confianza del presidente en funciones de la Generalitat Artur Mas. Fue responsable de Relaciones Institucionales del Departamento de Educación de la Generalitat entre 1988 y 1993, todavía bajo la presidencia de Jordi Pujol.

Oriol Pujol y el caso de las ITV

Entre 1999 y 2003 fue secretario general del Departamento de Agricultura donde, junto al actual director general de Infraestructuras de la Generalitat Josep Antoni Rosell (también detenido el pasado miércoles) participó en el diseño del concurso para adjudicar el proyecto del Canal Segarra Garrigues, la mayor obra pública ejecutada en Cataluña, por 1.102 millones de euros. Como ha informado OkDiario, las principales empresas que ejecutan esta obra son también donantes de la Funcación CatDem.

Antes de ocupar su actual cargo, Germà Gordó fue secretario de la Generalitat bajo la presidencia de Artur Mas. En julio de 2013 fue llamado a declarar como testigo por el juez que instruye la causa por tráfico de influencia en la adjudicación de las estaciones de ITV, en la que está implicado Oriol Pujol Ferrusola.

El pasado verano, Germá Gordó se vio envuelto de nuevo en la polémica al anunciar que, si Cataluña logra la independencia, otorgará la nacionalidad catalana a los ciudadanos de Baleares y la Comunidad Valenciana.

En cuanto al constructor Xavier Tauler, es una pieza clave en la investigación sobre el cobro de comisiones por parte de Convergencia. Ya el año pasado, admitió ante el juez haber pagado 3,5 millones de euros a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del ex president de la Generalitat, por supuestos servicios de «asesoramiento» prestados entre 2005 y 2009.

De los diez detenidos en la operación policial desarrollada el pasado miércoles, todos se negaron a declarar salvo Xavier Tauler y Jordi Soler Paredes, propietario del Grupo Soler, otra de las principales contratistas de obra pública de la Generalitat.

Los Juzgados, en precario

Soler también admitió el pago de «donaciones» a la Fundación CatDem, aunque negó que tengan cualquier relación con los contratos públicos que obtiene de la Generalitat. El responsable del Grupo Soler aseguró que hizo estos pagos por «afinidad ideológica» con Convergencia del mismo modo que realiza aportaciones voluntarias a Cáritas ya que, dijo, tiene unas fuertes convicciones religiosas.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan al Grupo Soler por el presunto pago de una comisión del 3% a cambio de la adjudicación de la obra para construir el centro cívico de Sant Fruitós de Bages. A diferencia de estos dos empresarios, el tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, se acogió a su derecho a no declarar. El juez ordenó el jueves su ingreso en prisión, para evitar que destruya pruebas.

Las diligencias de la semana pasada se desarrollaron con una gran precariedad ya que el Juzgado de El Vendrell, que instruye la causa, contaba con un único funcionario durante las jornadas del miércoles y el jueves, tras haber registrado varias bajas laborales. La dotación de la planta judicial de Cataluña es competencia del conseller de Justicia, Germà Gordó.

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción están analizando ahora la abundante documentación obtenido en el registro de las constructoras implicadas. Del resultado de estas pesquisas, no se descarta que la investigación se amplíe a nuevas empresas y otras obras adjudicadas por la Generalitat.

La Guardia Civil abrirá el martes la caja fuerte entregada por un empresario, en la que también se espera encontrar nuevas pruebas sobre el pago de comisiones, que oscilaban entre el 3% y el 12%, a las arcas del partido de Artur Mas.