La empresa que supervisó la soldadura rota de Adamuz irá a juicio por amañar contratos en el ‘caso 3%’

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 27/01/2026 05:50
  • Actualizado: 27/01/2026 08:41

Ayesa, la consultora de ingeniería que supervisó la soldadura rota de la vía ferroviaria de Adamuz, irá a juicio por amañar contratos en el caso del 3% que investiga la financiación ilegal de Convèrgencia Democrática de Catalunya (CDC). Así consta en un auto de apertura de juicio oral de la Audiencia Nacional recogido por OKDIARIO.

Las primeras investigaciones del accidente de Adamuz, que causó 45 muertos y decenas de heridos, indican que la vía no estaba en buen estado pese a que la soldadura fue supervisada por la empresa Ayesa. Adif explicó que la empresa fue contratada para inspeccionar el control de calidad de la obra.

Esta empresa es una vieja conocida de la justicia. Ayesa ha estado involucrada en una investigación judicial por amaños de contratos que provocó que la Guardia Civil registrara su sede en Andalucía en el año 2018. La operación fue bautizada como Colusorium. 

Los agentes buscaban información de contratos en los que un grupo de empresas se habrían presuntamente beneficiado del reparto de contratos de obras públicas pactado con la Generalitat de Cataluña. 

La investigación de este presunto delito contra la Administración pública empezó cuando, del análisis de una serie de correos electrónicos, se dedujo que un grupo de empresas pactaron la cuantía de las ofertas que debían presentar a las licitaciones públicas para excluir a la competencia de dichos concursos. 

Pagos corruptos a cambio de obras

José de la Mata, el juez de la causa, vio indicios de delito tras la instrucción y tomar declaración a los investigados, por lo que dictó un auto de procedimiento abreviado para juzgar a la empresa encargada de supervisar la soldadura de Adamuz.

El juez les atribuyó los delitos de asociación ilícita, organización criminal, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

«Altos cargos del partido político CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con distintos empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta», explica el juez.

Y prosigue: «A tales fines, altos cargos de CDC llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes administraciones del ámbito territorial catalán, todas bajo la esfera de poder de CDC (Ayuntamientos, Diputaciones u organismos dependientes de la propia Generalitat), e influían en sus responsables a fin de conseguir que fueran adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a este pacto criminal».

El juez detalla que han existido múltiples empresarios que, sistemáticamente, se concertaron con altos cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de fundaciones vinculadas al partido.

«Estos pagos se realizaban, en ocasiones, a cambio de concretas adjudicaciones de concursos públicos, alterándose en perjuicio de los intereses públicos los procesos de contratación pública», explica el juez de la Audiencia Nacional. 

La empresa de Adamuz pagó 21.000 euros

La consultora encargada de supervisar la soldadura de la vía de Adamuz aparece en el sumario del caso del 3% y la señalan como una de las ingenierías afines. Los investigadores detectaron que Ayesa venía recomendada en una de las agendas de los imputados.

Ayesa, en UTE con Kreum, fue beneficiada por ese sistema en la adjudicación de un contrato de servicios para la asistencia técnica de la redacción del proyecto de construcción de mejora general del desdoblamiento de la carretera B-224 en el tramo de Sant Llorenc d’Hortons Martorell. La obra fue adjudicada por 649.741 euros sin IVA. 

El 19 de mayo de 2012, cinco días después de la adjudicación del contrato, Alia Gestión Integral de Servicios, como administradora única de Ayesa, realizó una donación de 6.000 euros y, entre los años 2010 y 2012, se realizaron otras donaciones por 21.000 euros.

Responsables de la empresa que supervisó Adamuz prestaron declaración judicial en julio de 2019 por estos hechos. El juez expone que las compañías investigadas en este procedimiento carecían de cualquier mecanismo de prevención de delito y control.

«Todos los cargos directivos que están siendo investigados conocían perfectamente esta estrategia, y contribuían con fruición, como se demuestra en decenas y decenas de indicios (tablas, correos electrónicos, reuniones, conversaciones, documentos, etc.), a preparar, documentar y firmar todas estas operaciones, y a ocultar, con distintas estrategias en cada caso, lo realmente realizado, que no era otra cosa que realizar pagos corruptos a CDC por medio de sus fundaciones, para conseguir ser agraciados en el futuro con contratos, o por haber sido beneficiarios de alguna adjudicación», explica el juez el auto que les lleva a juicio.