Edmundo Rodríguez Sobrino declara voluntariamente durante 4 horas ante juez del caso Lezo

El expresidente de la filial colombiana del Canal de Isabel II Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, ha declarado este jueves voluntariamente durante 4 horas en el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ante el instructor del caso Lezo, Manuel García-Castellón.

El que fuera mano derecha de Ignacio González en la empresa pública del agua en Latinoamérica no ha solicitado al juez su puesta en libertad después de que el anterior instructor, Eloy Velasco, decretara para él prisión incondicional el pasado mes de abril.

Desde entonces, permanecía encarcelado en la prisión madrileña de Soto del Real, donde también ingresaban Ignacio González y su hermano Pablo González, exdirectivo de la empresa pública Mercasa. Precisamente, Manuel García-Castellón remitía ayer un escrito al Ministerio del Interior ordenando que González y Rodríguez Sobrino no estuvieran en la misma cárcel con el objetivo de que no estuvieran comunicados.

Como consecuencia del escrito judicial, el Ministerio del Interior a través de Instituciones Penitenciarias decidía trasladar a Rodríguez Sobrino a la también cárcel madrileña de Estremera, mientras González permanecerá en Soto del Real.

Durante su comparecencia ante el juez, Rodríguez Sobrino se habría referido a temas relacionados con sus negocios en Colombia, donde se encontraron 262.000 euros ocultos en un apartamento de Barranquilla, a nombre de su hija, imputada en la causa.

Según la investigación, su hija declaró a Hacienda esta vivienda en Barranquilla, ciudad a la que su padre acudía con frecuencia por su actividad profesional en Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II de la que Rodríguez Sobrino fue presidente hasta su cese hace un año. También declaró otro inmueble en Puerto Plata, República Dominicana, que además fue adquirida en fechas «muy próximas» a la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte de Inassa, una operación que se investiga por un posible sobreprecio.

Supuestamente colaboró en la compra de la brasileña Emissao, sobrevalorando su precio «con el fin de desviar a fines privados los fondos públicos utilizados en un adquisición» por 20 millones de dólares, afirmó la sala que le negó la libertad.

La hija también declaró una tercera vivienda en Londres (Inglaterra) y varias cuentas corrientes en el Reino Unido y en la Isla de Jersey. Otro aspecto que se investiga son las inversiones inmobiliarias de Edmundo Rodríguez en Colombia en 2011 y 2013.

Se le imputan delitos de prevaricación, malversación de caudal público, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal y blanqueo de capitales por presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II.