Carmena manejó una cuenta ilegal con 130.000 euros como juez decana de Madrid

La actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, manejó durante su etapa como juez decana de la capital una cuenta ilegal en la que movió 130.000 euros (21,5 millones de pesetas de la época) en tres años.

Carmena fue elegida juez decana de Madrid en febrero de 1993. Como tal, fue responsable de coordinar la actividad de casi 200 juzgados de la ciudad, de los que dependían más de 8.000 funcionarios de Justicia. Abandonó el cargo en 1996, cuando fue elegida vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de IU.

Entonces se convirtió en el nuevo decano de Madrid el magistrado Fernando Fernández Martín, quien fue informado «de forma verbal» de la existencia de una cuenta que su antecesora había manejado de forma completamente irregular.

Se trataba de la cuenta 4049, abierta en noviembre de 1993 por orden de la propia Manuela Carmena, en una sucursal del BBVA situada en la Avenida Capitán Haya de la capital. El personal administrativo del Decanato la denominaba «anticipo de caja fija».

El juez Fernando Fernández ordenó de inmediato abrir una investigación oficial sobre cómo había gestionado estos fondos su antecesora y dio instrucciones para bloquear la cuenta, a la espera de que el Ministerio de Justicia procediera a su «legalización», tal como consta en un oficio al que ha tenido acceso OkDiario.

El magistrado tuvo en sus manos el 18 de noviembre de 1996 un primer informe, en el que se explicaba que la cuenta había sido utilizada para pagar gastos cotidianos de los juzgados, entre los que cita el abono de «facturas de El Corte Inglés por compras varias, gastos de comida de jueces, anticipos a funcionarios, dietas, así como facturas de decoración y otras».

Pero el mismo informe añade que la cuenta también se había utilizado para realizar pagos  a «personas ajenas a este Decanato» y a la propia actividad de los tribunales, y que en otros casos se habían realizado abonos «que no están debidamente justificados».

Resultaba aún más sorprendente el origen de estos fondos: la cuenta 4049 se nutría con el dinero que pagaban a modo de «canon» varias empresas que tenían instaladas máquinas de café, bebidas y fotocopias en los juzgados de la ciudad, así como por la venta de papel usado para reciclar.

Por este concepto, tan solo en el mes de noviembre de 1993, se habían registrado en la cuenta dos ingresos de 137.776 pesetas (procedente de la empresa que explotaba las máquinas de fotocopias) y 110.830 pesetas (abonadas «en concepto de comisión» por la empresa que gestionaba las máquinas de refrescos).

Cócteles y abonos a Telepaella

«Puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia la existencia de esta cuenta, se están haciendo gestiones para su legalización», indica el informe elaborado por una secretaria judicial, a petición del juez decano.

Ante las evidencias de una gestión ilegal de estos fondos, el magistrado Fernando Fernández remitió varios oficios al BBVA, requiriéndole toda la documentación existente sobre la cuenta 4049, y ordenó una nueva investigación para fiscalizar todos los gastos que se habían efectuado con ella.

El informe final está fechado un año después, el 5 de diciembre de 1997, y fue remitido al Tribunal de Cuentas y a la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. En él se detalla que, durante tres años, la cuenta ilegal denominada «anticipo de caja fija» registró unos ingresos de 129.891 euros (21,5 millones de pesetas) y sirvió para pagar gastos que suman 114.299 euros (18,9 millones de pesetas).

Aunque en el Decanato se encontraron cuatro archivadores con documentación relativa a los pagos e ingresos registrados, la autora del dictamen hace constar que había desaparecido el talonario correspondiente a todos los pagos realizados entre los meses de abril y julio de 1995, por lo que no pudo documentar todos los movimientos.

Entre los pagos acreditados, aparece uno de 168.500 pesetas por gastos en la cafetería de los Juzgados de Plaza Castilla, otros dos idénticos de 20.000 pesetas identificados como «cóctel celebrado en Plaza Castilla – gastos junta de jueces», uno de 19.095 pesetas de la empresa Telepaella y otro de 50.000 pesetas correspondiente a un cóctel «para la exposición pictórica El Perro».

Pagos a expresidiarios

También aparece un pago de 615.297 pesetas correspondiente a gastos de «mano de obra» para el «acondicionamiento del local donde se ha instalado un comedor para funcionarios en la sede de Plaza Castilla», especificando que la obra había sido realizada por «personas que se encuentran actualmente en tercer grado penitenciario o en libertad condicional». Es decir, que la cuenta ilegal que gestionó Manuela Carmena sirvió, entre otras cosas, para pagar trabajos realizados por expresidiarios.

En otros casos, el informe elaborado a petición del magistrado Fernando Fernández constató el absoluto desbarajuste en el control de esta cuenta gestionada por Carmena.

Junto a uno de los pago de 30.265 pesetas se había hecho constar, sin ningún tipo de factura o justificante, una simple explicación: «Vaya lío con Mariano!». En otra ficha de gastos, una nota manuscrita que rezaba: «Paco, falta justificar 35.000 ptas., di un cheque por 40.000 ptas.». Y en otra: «Paco, el día 24-1-95 cheque de 25.200 ptas. para Dolores (N y E)».

Fuentes consultadas por OkDiario consideraron completamente insólita la forma en la que esta cuenta fue gestionada por la entonces juez decana de Madrid, Manuela Carmena, autorizando pagos de forma discrecional y eludiendo todos los controles de fiscalización que es obligado aplicar en las Administraciones públicas.

«Ningún órgano judicial puede disponer de esa forma, libremente, de recursos económicos para pagar los gastos de su actividad, que siempre son abonados de forma directa por el Ministerio de Justicia», explicó un magistrado consultado por este diario.

Una aplicación para agilizar los desahucios

El mismo juez consideró aún más insólito que la cuenta ilegal manejada por Carmena se nutriera con «comisiones» pagadas por las empresas que explotaban máquinas automáticas en los juzgados. Estas comisiones, puntualizó, deberían haberse abonado directamente al Ministerio, y nunca al Decanato.

El mismo criterio debió compartir el juez decano Fernando Fernández, quien constató la situación «ilegal» de la cuenta manejada por su antecesora y dio instrucciones primero para «legalizarla» y finalmente para clausurarla, transfiriendo el saldo que había en aquel momento, algo más de cinco millones de pesetas, a la Tesorería del Estado. El único organismo que estaba legalmente capacitado para gestionar estos fondos.

El informe que había encargado constató que la cuenta ilegal 4049 también sirvió para realizar frecuentes pagos a personas totalmente ajenas a los Juzgados. Entre ellas el principal perceptor fue Manuel C.B., quien recibió numerosos abonos, aparentemente por realizar servicios informáticos para el Decanato: por ejemplo, un cheque de 200.000 pesetas el 18 de noviembre de 1993, y otro de 400.000 pesetas ocho días después, el 26 de noviembre.

Varias semanas después, se hizo constar un ingreso en la cuenta de 300.000 pesetas con la anotación «cantidad devuelta por Manuel C.B.». En julio de 1994, esta misma persona cobró de la cuenta ilegal 172.500 pesetas por el desarrollo de una aplicación informática para agilizar la tramitación de las órdenes de desahucio, y otras 310.500 pesetas por montar otra aplicación para el «control de libertad provisional» de los condenados.