Anticorrupción señaló a Sanginés-Krause como testaferro de Juan Carlos I

El multimillonario del azúcar José Fanjul, amigo íntimo de Juan Carlos I, desveló en 2014 a Corinna Sayn-Wittgenstein que el empresario mexicano Allan Sanginés-Krause ejercía de nuevo asesor financiero del monarca tras haber exprimido éste al máximo a su primo Álvaro de Orleans. Tras una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, ésta confirmó que Sanginés actuaba de testaferro de Juan Carlos I en el caso de las tarjetas black, que obligó al Rey emérito a regularizar su situación con el fisco español abonando 300.000 euros. Sanginés era uno de los que estaba en el origen de toda la trama de las tarjetas opacas.

Así se supo que el ex monarca sufragaba sus gastos y los de parte de su familia con unas tarjetas black que pertenecían a unas cuentas controladas por el coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga, que había sido asistente de Juan Carlos I en La Zarzuela. Las cuentas eran nutridas con fondos transferidos por el mexicano Sanginés-Krause, alto directivo del banco Goldman Sachs y primer ejecutivo de la firma financiera en México, Rusia y España.

Según Anticorrupción, el importe total de estas transferencias, que ascendía a 516.606 euros, «fue destinado al abono de gastos particulares de S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón o de personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados del mismo». Además, Sanginés-Krause ordenó transferencias a otras dos cuentas por un importe total de 471.673 euros que se destinó al pago de viajes efectuados por el Rey emérito, así como por sus familiares o allegados. La Fiscalía también apuntaba que abonó los servicios sanitarios prestados en 2017 y 2018 por Juan Carlos I por un importe total de 95.365 euros.

Todo ese dinero procedía de supuestas comisiones que beneficiaban al Rey emérito o era compensado indirectamente por otros testaferros del ex monarca. El procedimiento era similar al utilizado con la Fundación Zagatka. Con los fondos del empresario se sufragaron los gastos de las infantas, doña Sofía y sus nietos, entre 2015 y 2018.

Nueva investigación y archivo

En noviembre de 2020, la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto mediante el cual la Fiscalía del Tribunal Supremo asumía una nueva investigación sobre el Rey emérito que había sido iniciada por Anticorrupción. Se investiga a Juan Carlos I, a la Reina Sofía y a otros miembros de la Familia Real por el uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares.

Los movimientos en las cuentas citadas correspondían a los años 2016, 2017 y 2018, es decir, posteriores a la abdicación de Juan Carlos I, y por ello quedaban fuera de la inviolabilidad de la que éste gozaba hasta dicha fecha. Según la Fiscalía General del Estado, al superar incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, podrían constituir delito fiscal.

Pero en marzo de 2022 la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la causa del uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano, como así también las referidas a las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey. Según los fiscales, «no había constancia de contraprestación». Se trata de «actos unilaterales efectuados a título lucrativo» y que, por tanto, «son donaciones que están sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones» regulados por la ley.