La cúpula de Gallardón declara como investigada en las próximas semanas

González defendió a Gallardón por comprar Inassa en Lezo: “Si hubiera delito, estarían imputados”

Ignacio González defendió la compra de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa, realizada en 2001 por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidía Alberto Ruiz Gallardón.

En la declaración de González del pasado 19 de julio ante el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el expresidente madrileño es interrogado por Anticorrupción por la adquisición de Inassa, a través de una sociedad panameña. De hecho, cuando González presidía el Canal se encargó un informe al despacho de abogados Cuatrecasas sobre la situación del grupo en Latinoamérica.

Según González, en el citado informe “no se hacía referencia a que existiera nada delictivo en la operación. Si hubiera algo delictivo, también estarían investigados e imputados los señores que tomaron esa decisión”. La fiscal replica entonces “veremos al final quién tomó esa decisión”.

A continuación, Anticorrupción recuerda algunos epígrafes del informe de Cuatrecasas en el que se afirma que la operación de compra de Inassa “es muy cuestionable desde el punto de vista de su idoneidad y legalidad”. Además, resalta que la empresa que realizó “la valoración está relacionada con personas que eran parte vendedora”, que un segundo informe del bufete Garrigues “desaconsejaba la compra” y que “la plusvalía fue muy importante”.

González insiste: Si en el informe de Cuatrecasas se hubiera puesto ede manifiesto algún tipo de delito, se hubiera puesto en conocimiento de la autoridad judicial”.

La Fiscalía fundamentaba sus sospechas en una llamada intervenida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, al propio González en la que explicaba al exministro, Eduardo Zaplana, que “Gallardón compró una empresa en Panamá por 100 millones que no valía ni 30”.

Mientras tanto, la Audiencia Nacional dejaba en mal lugar la citada defensa que hacía González del Ejecutivo de Gallardón. El juez del caso Lezo acordaba recientemente citar como investigados a partir de este martes a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de Inassa durante el Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón.

El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia a instancias de la Fiscalía decretaba la imputación de 25 personas, entre ellas antiguos colaboradores de Gallardón como el exconsejero de Hacienda, Juan Bravo; el expresidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo; o el exdirector gerente del Canal, Arturo Canalda.

Todos ellos, comparecerán ante el juez en las próximas semanas. Bravo y Calvo declararán ante el juez en los próximos 7 días y Canalda hará lo propio el 23 de enero.

Juan bravo
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y el exconsejero de Hacienda y actual presidente de Adif, Juan Bravo.

Negó todas las acusaciones

Durante la declaración voluntaria de Ignacio González del pasado 19 de julio, el expresidente madrileño afirmó sentirse ya “condenado por los medios de comunicación” sin la celebración del juicio.

González aseguró que “nunca” participó en la gestión de la filial del Canal de Isabel II, Inassa, y que la facturación del Canal pasó de 344 millones a 1.000 millones de euros en 2012 cuando se marchó como presidente, y que desde entonces “no ha participado en nada de la gestión”, sino que se centró en su labor como presidente de la Comunidad de Madrid.

También negó conocer “los datos de la compra” de la filial brasileña, Emissao, cuyo valor pasó de 21 millones a 5,5 en apenas año y medio y en la que los investigadores apuntan directamente su responsabilidad.

Los argumentos de González no convencieron al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que decidió no modificar su situación de prisión incondicional. Tras su comparecencia, volvió a la prisión madrileña de Soto del Real hasta el pasado mes de noviembre, cuando abonó la fianza de 400.000 euros para salir de la cárcel fijada por el juez, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

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