La maquinaria de cobrar ‘mordidas’ de CiU siguió funcionando durante el Tripartito de Montilla

La Justicia estrecha el cerco sobre Joan Lluís Quer Cumsille, el hombre al que Artur Mas colocó al frente de la empresa pública Gerencia de Infraestructuras (GISA), por cuyas manos han pasado contratos de obras millonarios bajo sospecha: desde el canal Segarra-Garrigues que debe garantizar los regadíos en las comarcas de Lérida, a la prolongación del Metro de Barcelona hasta el aeropuerto de El Prat.

Joan Lluís Quer fue gerente de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat hasta 2004. Aquel año abandonó la Administración pública para montar su propia consultora, Auditoría e Ingeniería SA (Auding), que en 2008 se benefició de un contrato amañado de 7,6 millones de euros, adjudicado por la misma empresa pública de la Generalitat que él mismo había dirigido.

Los hechos ocurrieron durante la etapa del socialista José Montilla como presidente de la Generalitat, cuando la Conselleria de Medi Ambient estaba controlada por Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), la filial catalana de Izquierda Unida. Algo que demuestra que la maquinaria de mordidas y contratos amañados de Convergencia (hoy PDeCAT) siguió funcionando durante el Tripartito formado por PSC, ERC e ICV.

Tras dar este pelotazo, en febrero de 2011 el presidente Artur Mas colocó a Quer como presidente de GISA, el gigante de la inversión pública de la Generalitat en el que manejaba un presupuesto anual de 1.200 millones de euros. Finalmente, Quer dimitió de este cargo en noviembre de 2015, después de que la Guardia Civil registrara la sede de GISA (rebautizada como Infraestructures.cat) siguiendo el rastro de las comisiones del 3%.

La Fiscalía Anticorrupción interpuso en junio de 2015 una querella conta el entonces director de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Manuel Hernández Carreras, seis altos cargos de este organismo de la Generalitat y seis empresarios, encabezados por el propio Joan Lluís Quer.

Malversación, fraude y prevaricación

Todos ellos habrían incurrido en los presuntos delitos de revelación de secretos, información privilegiada, tráfico de influencias, fraude, prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

En su querella, Anticorrupción relata que la Agencia del Agua de la Generalitat simuló en 2008 un concurso público para adjudicárselo a la empresa del que había sido su gerente hasta cuatro años antes. Además, los pagos se fraccionaron en 39 contratos para beneficiar a Quer vulnerando todos los controles legales.

La ACA sacó a concurso en septiembre de 2007 un contrato para la «Redacción del programa de medidas y del plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña», con un presupuesto máximo de 4 millones de euros.

Sin embargo, señala la Fiscalía, en ese momento ya estaba tomada de antemano la decisión de adjudicar el contrato a una UTE formada por Auding (la consultora de Joan Lluís Quer), United Research Services España SA y Artenginy SL. La administradora solidaria de esta última empresa, Ana Barceló Caballero, está casada con Josep Bou Térmes, quien entre 2000 y 2006 había sido jefe de Planificación de Usos del Agua en la empresa pública de la Generalitat.

Le dieron otros 38 contratos en un mes

Anticorrupción señala sin ningún género de duda que la decisión de adjudicar el concurso a esta UTE ya estaba tomada, pues en los meses precedentes hasta seis altos funcionarios de la Agencia del Agua se reunieron con los responsables de Auding y Artenginy SL para diseñar el pliego de condiciones. Los mismos técnicos constituyeron luego la comisión técnica encargada de valorar las seis ofertas presentadas al concurso.

Efectivamente, el 18 de enero de 2008, el director general de ACA, Manuel Hernández Carreras resolvió adjudicar el concurso por 3,7 millones de euros a la UTE de la que formaban parte dos ex directivos de la empresa pública: Joan Lluís Quer y Josep Bou Térmes.

El pliego de condiciones dejaba la puerta abierta a la posibilidad de suscribir posteriormente sucesivos «contratos complementarios» con la misma UTE, para completar el trabajo iniciado.

Y así ocurrió. A lo largo de tan sólo un mes, ACA adjudicó a la UTE encabezada por Quer otros 38 «contratos complementarios» que sumaban 3,9 millones de euros más. Muchos de ellos, con precios hinchados o por trabajos que en realidad ya habían sido realizados previamente. En total, el ex alto cargo de la Generalitat y sus socios se embolsaron 7,6 millones de euros públicos.

Hicieron desaparecer documentos

La Fiscalía Anticorrupción señala que este procedimiento es completamente irregular: la empresa de la Generalitat vulneró repetidamente la Ley de Contratos del Sector Público para favorecer a sus antiguos directivos.

Los investigadores de la Fiscalía descubrieron todo tipo de irregularidades en el proceso. Algunas especialmente chapuceras: «La documentación que obra en el expediente se limita a uno o dos folios de cada licitante», explica Anticorrupción, «observándose que dichos folios parecen arrancados de un legajo mayor, en el que presumiblemente debía figurar también la propuesta técnica», que por tanto no ha podido analizar la Fiscalía.

Tras beneficiarse de este pelotazo de 7,6 millones de euros, Joan Lluís Quer se convirtió en febrero de 2011 en presidente de la empresa pública de inversiones de la Generalitat, GISA, por decisión del entonces presidente Artur Mas.

En octubre de 2015, la Guardia Civil irrumpió en la sede de Infraestructures.cat (la nueva denominación de GISA) y detuvo a su gerente, Josep Antoni Rosell, acusado de amañar concursos públicos para que su partido, hoy PDeCAT, pudiera cobrar comisiones del 3%. Tan sólo un mes después, antes de que se lo llevara por delante la investigación judicial, Joan Lluís Quer dimitió como presidente de esta empresa pública de la Generalitat.