Vivir en la dictadura cubana: hambre, sin fármacos y el precio de disentir

Cuba es un país donde la vida cotidiana se desarrolla en una tensión constante entre la memoria de un proyecto revolucionario que prometió igualdad social y una realidad rancia y cruel de una dictadura marcada por la escasez, el control político y la incertidumbre económica. En la isla, el Estado se sigue perpetuando como el principal organizador de la vida pública, desde el empleo hasta la distribución de bienes básicos, en un sistema de partido único donde la oposición política no tiene reconocimiento legal y donde la crítica pública al gobierno puede tener consecuencias judiciales o administrativas tan severas que superan la cárcel en muchos casos y el mundo calla.

En las calles de La Habana y otras ciudades, la crisis económica se percibe en detalles cotidianos: largas colas frente a tiendas estatales, apagones recurrentes, transporte público casi nulo y una inflación que ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios, los que lo tienen ya. Muchas familias dependen de remesas enviadas desde el extranjero para cubrir necesidades básicas como alimentos o medicamentos. La economía informal, aunque tolerada en ciertos márgenes, se ha convertido en un mecanismo de supervivencia para una parte importante de la población.

El sistema sanitario cubano, durante décadas presentado como uno de los principales logros del modelo socialista, mantiene indicadores relevantes en términos de cobertura y formación médica, pero enfrenta dificultades materiales cada vez más visibles. Hospitales con infraestructura envejecida, escasez de insumos básicos y falta intermitente de medicamentos han generado una brecha entre la atención teórica garantizada por el Estado y la experiencia real de los pacientes. Hay quien asegura que muchos cubanos han muerto por falta de medicamentos. A esto se suma la emigración de profesionales de la salud, que buscan mejores condiciones económicas en el extranjero, debilitando aún más la capacidad del sistema.

En este contexto de limitaciones estructurales, el espacio para la disidencia política es estrecho y altamente vigilado. Las autoridades cubanas consideran que la estabilidad del sistema depende en parte del control sobre la expresión pública, lo que ha llevado a detenciones, interrogatorios y procesos judiciales contra artistas, periodistas independientes y activistas. Las protestas del 11 de julio de 2021 marcaron un punto de inflexión, con cientos de arrestos y condenas que aún hoy siguen generando repercusión internacional, peo nadie hace nada.

Entre las figuras más visibles surgidas en ese contexto se encuentra el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, miembro del Movimiento San Isidro y que ha reflejado recientemente The New York Times un colectivo que combina arte contemporáneo y protesta política. Su obra, a menudo performática y centrada en el cuerpo como espacio de expresión, ha sido interpretada por las autoridades como un desafío directo al orden político. Tras su participación en protestas y acciones simbólicas, fue detenido en 2021 y posteriormente condenado por la dictadura cubana a cinco años de prisión por cargos como desacato y ultraje a los símbolos patrios.

Disidencia y huelga de hambre

Desde prisión, su nombre ha continuado apareciendo en informes de organizaciones de derechos humanos y en la prensa internacional. En varias ocasiones ha recurrido a la huelga de hambre como forma de protesta, un gesto extremo que en el contexto cubano adquiere una dimensión política particular: cuando los canales institucionales de reclamación están cerrados, el propio cuerpo se convierte en el último espacio de expresión. Estas huelgas han generado preocupación sobre su estado de salud y han reactivado el debate internacional sobre la situación de los presos políticos en la isla. Luis Manuel Otero Alcántara

Para sus defensores, su caso simboliza la criminalización de la disidencia artística y la falta de garantías judiciales en procesos relacionados con la libertad de expresión y que tanto patrimonializan ciertos sectores en países como España, pero que en este caso ni están ni se les esperan, por lo que se ve: Cuba no debe ser para ellos una dictadura.

Para las autoridades cubanas, se trata de actos que buscan desestabilizar el orden constitucional y que, según su versión, responden en ocasiones a influencias externas. Esta divergencia de interpretaciones refleja una fractura más amplia sobre la naturaleza del sistema político cubano y los límites de la protesta en el país.

Adaptación a la escasez

La vida cotidiana en Cuba, mientras tanto, continúa atravesada por una mezcla de resiliencia y desgaste. La población ha desarrollado estrategias de adaptación a la escasez, desde el intercambio informal de bienes hasta redes familiares transnacionales que sostienen económicamente a quienes permanecen en la isla. La emigración, especialmente de jóvenes, se ha convertido en una salida cada vez más común ante la falta de perspectivas económicas.

En ese escenario, el país parece moverse entre dos tiempos: el de una narrativa oficial que insiste en la continuidad de un modelo político y social, y el de una realidad material que obliga a una parte significativa de la población a reorganizar su vida fuera de los marcos previstos por ese mismo modelo. La tensión entre ambos planos no es sólo política, sino profundamente humana, y se expresa tanto en las colas frente a una tienda como en la celda de una prisión donde un artista decide dejar de comer para ser escuchado. Pero parece que ahí fuera no hay nadie.