La UE pone en un aprieto a Sánchez: no acepta que el catalán sea lengua oficial como exigía Puigdemont
El Gobierno se ve obligado a retirar la votación tras el rechazo casi unánime de los socios de la Unión Europea
Finlandia frena en seco el plan de Sánchez para oficializar el catalán como le exige Puigdemont
La Unión Europea ha dado la espalda al Gobierno de Pedro Sánchez y no acepta que el catalán, el vasco y el gallego sean lenguas oficiales, tal y como había exigido el líder de Junts, Carles Puigdemont, al Ejecutivo nacional. Países como Italia, Alemania o Finlandia comandan el grupo de escépticos alrededor de la última maniobra de Sánchez para contentar a sus socios separatistas, a cuya votación España se ha visto obligada a aplazar y renunciar tras la reunión de este martes en Bruselas.
La propuesta española de reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea queda tocada y en pausa después de que varias delegaciones insistan en que resulta prematuro pronunciarse sobre el asunto, que cuenta con dudas severas sobre su impacto económico y práctico y también sobre su encaje legal.
Polonia, que ocupa este semestre la presidencia de turno en la Unión Europea, ha optado por posponer la discusión, algo que ha aceptado España en visos de la negativa de ocho de los nueve países que se han pronunciado en el debate. De ellos, cabe destacar la intervención de Italia, Alemania y también Finlandia, cuyo ministro de Asuntos Europeos ha deslizado que esperaba que no tuvieran que votar en la jornada de este martes. Por su parte, Eslovaquia sí se ha mostrado a favor de la aceptación de la propuesta.
La petición del Gobierno de Pedro Sánchez para contentar a Puigdemont figuraba en la agenda «para adopción» y en las últimas semanas se habían intensificado los contactos con las capitales para defender la oficialidad de las tres lenguas cooficiales a partir de enero de 2027, pero asumiendo el coste total que en el caso del resto de idiomas asume la UE e introduciendo una derogación inmediata para una implementación parcial que excluyera la traducción del grueso de la legislación comunitaria.
Tras la apertura del debate en Bruselas, por medio del secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, varias delegaciones han tomado la palabra e incidido a España a dar marcha atrás en la votación. Habida cuenta de que las dudas legales, económicas y prácticas se mantienen, se ha optado por aceptar la renuncia a someter a voto la cuestión.
Los países de la UE, en contra
Entre los países contrarios a la aceptación del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE destaca la intervención de Finlandia. El ministro de Asuntos Europeos del país nórdico, Joakim Strand, se ha mostrado contundente a su llegada a la reunión de ministros en Bruselas. «Realmente espero que no tengamos que votar hoy», ha afirmado antes de que su país, junto a otros siete interventores en el debate, provocara la marcha atrás de España.
Los representantes de Alemania, Italia, Croacia, Austria, Chipre o Francia también han transmitido sus dudas sobre los aspectos jurídicos y financieros antes de someter a votación la petición de España de oficializar estas lenguas a nivel europeo. Estas reticencias han derivado en la decisión de aplazar los comicios en pro de evitar una derrota segura.
La reflexión de Feijóo
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha analizado lo sucedido en Bruselas en una comparecencia desde Génova. El presidente popular ha afirmado que «en Europa, los idiomas oficiales son aquellos que son oficiales en la totalidad de los estados que conforman la Unión».
Feijóo recuerda que «hay muchos países en los que hay otras lenguas que no son oficiales en el conjunto del estado y que tienen precauciones de hacer oficial», con «más de 40 lenguas» que no son oficiales para la Unión Europea.
Destacando el «absoluto respeto y apoyo al catalán como idioma de España» por parte del PP, Feijóo ha remarcado que el gasto según las informaciones es de entre «130 y 140 millones de euros todos los años de dinero público». «Creo que bien merece una reflexión este asunto, si debemos de gastarnos 140 millones de euros de dinero público a tal efecto», ha apostillado.
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