Trump quiere reformular la orden ejecutiva sobre el veto migratorio

El Gobierno estadounidense está repensando que estrategia adoptar para defender la orden ejecutiva sobre el veto migratorio, ha informado el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, después de que esté viernes la administración Trump lanzara mensajes encontrados sobre la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal Supremo.

Según informa The Washington Post, Priebus ha señalado que la Casa Blanca se plantea reescribir la orden ejecutiva que prohíbe la entrada en Estados Unidos a ciudadanos de siete países musulmanes, en un intento de variar alguno de los aspectos del veto o lanzar una nueva orden ejecutiva.

La versión de Priebus viene a reemplazar a un comunicado oficial anterior en el que la Casa Blanca afirmaba que no recusaría la decisión de este jueves del tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que daba la razón al juez James Robart, de Seattle, quién bloqueó el veto la semana pasada.

En dicho comunicado, la Casa Blanca afirmó que «revisaría todas las opciones en el sistema judicial», si bien «no llevaría el casi ante el Tribunal Supremo».

En declaraciones recogidas por Reuters, el presidente, Donald Trump, ha asegurado este viernes que está considerando emitir «una nueva orden» ejecutiva al respecto. El nuevo decreto podría llegar como pronto el lunes o el martes si el Gobierno estadounidense trabajara en esa dirección.

Trump parece así dar marcha atrás a su anuncio del jueves en el que aseguró llevaría el bloqueo a la orden ejecutiva al Tribunal Supremo. «¡Nos vemos en los tribunales!», advirtió el mandatario a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, alegando de que es «la seguridad del país» lo que «está en juego» con esta medida.

Ante la hipótesis de llevar el caso al máximo órgano judicial, este se encontraría con un nuevo obstáculo, ya que ante la falta del noveno juez del Tribunal Supremo –que aún no ha sido ratificado–, la decisión la tomará un tribunal formado por ocho jueces, cuatro demócratas y cuatro republicanos.

El decreto presidencial suspendía durante cuatro meses las concesiones del estatus de refugiado, imponía una moratoria provisional –durante tres meses– a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y paralizaba el Programa de Admisión de Refugiados. Los países afectados son Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.