El tirano Maduro prohíbe las manifestaciones contra su Constituyente ante el éxito de los paros
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El gobierno tiránico de Nicolás Maduro ha prohibido las manifestaciones de la oposición que puedan «afectar» la votación de la Asamblea Constituyente, el domingo, y advirtió que los «delitos electorales» serán castigados con penas de cinco a diez años de cárcel. La medida entra en vigor el viernes.
«Se prohíben en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar, que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral», ha anunciado este jueves el ministro de Interior, Néstor Reverol, un día antes de una gran marcha opositora en Caracas.
Quien «organice, sostenga o instigue» acciones que interfieran con «la organización y funcionamiento del servicio electoral» será «penado con prisión de cinco a diez años», ha amenazado el ministro en rueda de prensa, citando un decreto presidencial.
Reverol garantizó la seguridad del proceso durante una comparecencia con la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena; el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino; y el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, almirante Remigio Ceballos.
La oposición anuncia «boicot»
La oposición ha anunciado un «boicot» contra las votaciones, en medio de las protestas que lleva a cabo desde hace cuatro meses y que dejan 106 muertos.
El ministro de Interior y Justicia ha informado de que han sido activados 96 puntos para procesar ante tribunales civiles y militares los delitos que se cometan «antes, durante y después de la jornada electoral».
La oposición cumple este jueves la segunda jornada de un paro de 48 horas en su ofensiva contra la Constituyente, que califica como «un fraude» para establecer «una dictadura», y preparaba una movilización en la capital para el viernes.
Un total de 146.000 policías, bomberos y efectivos de protección civil se desplegarán en apoyo a los militares para custodiar los centros de votación.
Lucena y Reverol fueron incluidos el miércoles en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno estadounidense, acusados de «quebrantar la democracia» y de ser responsables de «la represión» contra manifestantes.
Maduro ha dado gran poder político y económico a la Fuerza Armada, cuyo alto mando expresa «lealtad incondicional» al gobernante socialista.
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