El terrorismo en campaña: Defensa revoca el acuerdo del ideólogo del 11-S para evitar la pena capital

El terrorismo se ha metido en la campaña electoral de Estados Unidos. El Departamento de Defensa ha revocado el acuerdo del ideólogo del 11-S, Khalid Shaikh Mohammad y otros terroristas de Guantánamo, que evitaba la pena capital, tras la controversia suscitada entre los familiares de las víctimas del ataque terrorista del 11-S y los votantes estadounidenses, que ya dejaron claro después de que Barack Obama ganase las elecciones en 2008 que querían que los terroristas de Guantánamo siguieran en el campo de detenidos que tiene Washington en la base naval en Cuba.

Entonces, cuando el recién inaugurado presidente intentó cerrar el campo de detenidos y trasladar a los terroristas a cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos para ser juzgados, el Congreso le tumbó su iniciativa, debido a que los votantes no querían juicios civiles en los que los terroristas disfrutasen de los mismos derechos que otros criminales: querían las comisiones militares, ideadas por el fiscal general del presidente George W. Bush, Alberto Gonzales, con menos derechos para los terroristas. Ahora la administración Biden-Harris tiene que tumbar un acuerdo para que no le estalle a la vicepresidenta en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, debido a que está intentando suavizar sus políticas izquierdistas para llamar la atención de los votantes moderados de Wisconsin, Michigan y Pensilvania.

El portavoz de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha celebrado la revocación del acuerdo, notificada por el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III: «Ahora que se haga justicia con las familias de las víctimas del 11-S», ha añadido después de que los fiscales del Pentágono avivaran la indignación nacional el jueves cuando anunciaron un acuerdo con los terroristas Khalid Shaikh Mohammad, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin ‘Attash y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, que están a la espera de juicio en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo (Cuba).

La Oficina de Comisiones Militares (OMC) nunca ha revelado los términos y condiciones del acuerdo, pero ha causado indignación que haya eliminado la posibilidad de una condena a pena de muerte. En los ataques del World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington, murieron asesinadas casi 3.000 personas en el peor ataque terrorista en suelo estadounidense de la historia de Estados Unidos.

Las familias de las víctimas, los grupos que las representan y los legisladores han expresado su perplejidad y furia ante la posibilidad de que los que planearon el atentado no fueran procesados con todo el peso de la ley. Las Comisiones de Supervisión y de Servicios Armados de la Cámara de Representantes han anunciado investigaciones sobre los acuerdos de culpabilidad, que el presidente de Servicios Armados, Mike Rogers, republicano de Alabama, ha calificado de «desmesurados».

La Casa Blanca se ha apresurado en aclarar que ni el presidente demócrata  Joe Biden ni la vicepresidenta, Kamala Harris, candidata demócrata a las elecciones del 5 de noviembre, han tenido nada que ver en la decisión sobre el futuro de los terroristas. «La Casa Blanca se enteró ayer de que la Autoridad Convocante de las Comisiones Militares llegó a acuerdos previos al juicio, negociados por los fiscales militares, con KSM y otros acusados del 11-S», ha reconocido el portavoz John Kirby de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que ha hecho hincapié en que «ni el presidente ni la Casa Blanca han tenido nada que ver en este proceso. El presidente ha ordenado a su equipo que consulte, según proceda, con funcionarios y abogados del Departamento de Defensa sobre este asunto».