El Supremo de EEUU respalda a Trump y limita el poder de los jueces federales
El alto tribunal avala por 6-3 la estrategia del presidente para acabar con la ciudadanía por nacimiento
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha asestado este viernes un golpe demoledor a la resistencia judicial contra Donald Trump. En una decisión histórica de 6 votos contra 3, el alto tribunal ha limitado drásticamente el poder de los jueces federales individuales para frenar las decisiones del presidente, allanando así el camino a la agenda de la Administración republicana.
La sentencia, de 119 páginas y firmada por Amy Coney Barrett, una de las tres magistradas nombradas por el propio Trump, representa un espaldarazo sin precedentes a la autoridad presidencial. El tribunal ha dictaminado que las medidas cautelares a nivel nacional emitidas por jueces de instancias inferiores «probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado» a estos organismos.
Esta decisión surge directamente del pulso mantenido por Trump para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, una de las promesas estrella de su campaña electoral que había encontrado resistencia en diversos tribunales federales del país.
La votación refleja una división ideológica absoluta en el Supremo: los seis magistrados conservadores se han alineado completamente con la posición de Trump, mientras que las tres juezas progresistas han votado en contra. Esta configuración, fruto de los nombramientos realizados durante el primer mandato del empresario neoyorquino, consolida una mayoría conservadora que promete ser decisiva en los próximos años.
La sentencia establece que cuando los jueces federales fallen sobre decisiones ejecutivas, deberán aplicar sus resoluciones «lo más estrechamente posible», limitando así su capacidad de bloquear políticas presidenciales a nivel nacional.
Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es que autoriza la entrada parcial en vigor del polémico decreto sobre la ciudadanía por nacimiento en determinadas zonas del país en un plazo de 30 días. Esta medida, que pretende acabar con el derecho automático a la nacionalidad estadounidense por el mero hecho de nacer en territorio americano, había sido uno de los caballos de batalla de Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
La resolución del Supremo abre la puerta a una avalancha de nuevas demandas, previsiblemente de carácter colectivo, que sin duda llegarán en las próximas semanas. Los grupos de derechos civiles y las organizaciones progresistas ya han anunciado que recurrirán esta decisión por todos los medios legales a su alcance.
Sin embargo, la configuración actual del Tribunal Supremo, con una sólida mayoría conservadora de 6-3, augura que Trump dispondrá de un respaldo judicial sin precedentes para desarrollar su agenda política.
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