El Supremo chavista rechaza el recurso contra la Constituyente presentado por la fiscal general de Venezuela

La división en la cúpula del régimen dictatorial chavista de Venezuela ya es un hecho palpable. La fiscal general Luisa Ortega Díaz ha tomado postura claramente contra el dictador Nicolás Maduro desde el inicio de la ola de protestas que comenzaron el 1 de abril tras el «golpe de Estado» contra la Asamblea Nacional. En esta ocasión había presentado un recurso contra la Asamblea Constituyente convocada por el heredero de Hugo Chávez,» el segundo golpe», como lo ha bautizado la oposición. Pero el Tribunal Supremo lo ha rechazado.

Es la misma corte que impulsó a las calles a los cientos de miles de venezolanos que las toman cada día desde hace casi dos meses y medio. Fueron sus magistrados los que usurparon los poderes de la Asamblea Nacional el 30 de marzo, si bien debieron echar marcha atrás ante las presiones de la fiscal general y de la comunidad internacional.

Pero ahora vuelven a mostrar su fidelidad a Maduro, rechazando el recurso legal contra la Asamblea con la que el dictador pretende acabar con todas las instituciones políticas del país y controlar todos los resortes del poder definitivamente.

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha considerado «inadmisible» el recurso formulado por la fiscal por «acumulación de pretensiones» de Ortega Díaz, ya que ésta también había solicitado a la Sala Constitucional que aclarara la sentencia en la que se validaba que el presidente pueda convocar la Constituyente sin consulta popular previa.

Según ha explicado el TSJ en su sentencia, el recurso no es admisible «por acumularse en un mismo libelo pretensiones de nulidad de actuaciones emanadas de distintos órganos del Poder Público, cuyo conocimiento corresponde a jurisdicciones distintas».

El jueves pasado, Ortega Díaz acudió al TSJ para pedir a la Sala Electoral que anulara las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionadas con la convocatoria de la Asamblea Constituyente porque se basan en premisas «inconstitucionales».

La jefa del Ministerio Público explicó que el decreto de Maduro por el que llama a reemplazar la Carta Magna «no cumple con los extremos legales porque es el pueblo quien tiene la potestad de convocar la Asamblea Constituyente», no el Gobierno. «Una Constituyente a espaldas del pueblo no puede ser Constituyente», sostuvo.

Además, advirtió de que, de persistir en esta convocatoria, los poderes Electoral y Judicial incurrirán «en una violación de los principios de los Derechos Humanos», señalando en concreto «los derechos al sufragio y a la participación política», así como del «principio de la soberanía constitucional progresiva».

La trampa de la Constituyente

Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente alegando que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que de esta manera el chavismo pretende consumar el «autogolpe» que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ.

La Asamblea Constituyente tiene un sistema de elección tramposo, pues estará formada por 500 «ciudadanos» que serán elegidos el próximo 30 de julio «a través del voto universal, directo y secreto», de los cuales la mitad, 250, saldrán de sectores de marcado corte oficialista, según ha detallado Maduro.