Suiza confirma que seguirá confiscando los bienes que superen los 856 € a los solicitantes de asilo

El Gobierno de Suiza ha confirmado este miércoles su polémica medida de confiscar todos los bienes con valor superior a 1.000 francos suizos (856 euros) a los solicitantes de asilo. La justificación es que el Estado utilizará estos ingresos para compensar los gastos que genera la atención a los refugiados, según ha declarado la secretaria de Estado de Migración.

Sin embargo, el Ejecutivo ha dejado sin efecto la otra norma —calificada de escandalosa por diversas instancias internacionales— que aplicaba a los solicitantes de asilo. A partir del 1 de enero de 2018, el Estado confederal dejará de embargar el 10% de los ingresos a los solicitantes de asilo.

El motivo aducido en este caso era el mismo, sufragar los gastos de personal e instalaciones que supone la llegada de personas que huyen del hambre, la guerra o la persecución ideológica, religiosa o sexual.

Así, se acaba en parte con una polémica práctica que ha sido criticada en reiteradas ocasiones por las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

Hasta ahora, el Ejecutivo suizo impone una tasa especial que implica la confiscación del 10% de los ingresos que puedan obtener durante una década los extranjeros que residen en el país de forma provisional.

Los cambios, aplicables a partir de enero de 2018, afectarán a los extranjeros que tienen una orden de expulsión pero que no pueden regresar a sus países de origen porque su vida correría peligro o se violaría el Derecho Internacional. Muchas de estas personas quedan durante años en una especie de limbo.

También resulta llamativo el argumento esgrimido por el Gobierno suizo para anunciar su decisión, alejado de lo humanitario: «Eliminar esta tasa reduce la carga administrativa a las empresas. Por otra parte, también facilita que las personas admitidas de forma provisional empiecen a trabajar», ha argumentado el Gobierno.