Polonia recibe el primer expediente de Bruselas contra derivas autoritarias
La Comisión Europea sienta este miércoles un precedente. Por primera vez Bruselas ha activado su mecanismo sancionador para llamar al orden a uno de los 28 por violaciones a la normalidad democrática. Ha sido contra Polonia donde su gobierno ultraconservador ha aprobado dos medidas que han puesto bajo aviso al gabinete de Juncker.
El gobierno de Varsovia no ha respetado dos sentencias de su Tribunal Constitucional y además ha llevado a cabo cuestionables reformas en este órgano. Todo ello, junto con otra serie de afrentas a la UE, hacían que este país del Este estuviese bajo el foco comunitario. Finalmente el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, en una rueda de prensa retrasada más de una hora ha anunciado los pasos de Bruselas.
Constituye, en palabras del alto cargo europeo, “un asunto serio” y a partir de ahora desde Bruselas se procede a intentar aclarar qué ha sucedido exactamente en el Constitucional polaco y en la aprobación de la ley de medios (una norma que posibilita el control total de la radiotelevisión estatal). Tras una evaluación preliminar se decidirá si caben acciones más duras que podrían acabar en hasta la suspensión del derecho a voto.
Se abre así un periodo que se puede extender hasta el mes de marzo en el que, según Timmermans se “busca resolver la situación, no crear ninguna polémica desde un enfoque de cooperación”. Tras esta primera fase, el mecanismo iniciado por primera vez para inspeccionar la calidad democrática de un integrante de la UE podría continuar su aplicación. Después del “diálogo y la consulta”, llegarían las recomendaciones de correcciones de la Comisión y finalmente, si se demuestran problemas sistémicos, se suprimiría la posibilidad de votar en cuestiones europeas. Algo que jamás ha sucedido nunca.
El debate dentro del Colegio de Comisarios ha sido intenso. Activar este instrumento, el artículo 7 del Tratado de Lisboa, fue desarrollado en marzo de 2014 para algunos sería dar alas al gobierno de Szydło, “un estado miembro extremadamente importante», de hecho, constituye la sexta economía comunitaria. Desde Varsovia la formación Ley y Justicia (PiS, en sus siglas en polaco) se ha defendido, un portavoz del ejecutivo ha dicho que “es un procedimiento estándar”, posteriormente para el ministro de Exteriores, “es una iniciativa confusa e incoherente”.
La líder polaca ha anunciado que viajará de forma extraordinaria a la capital comunitaria para explicarse en la Eurocámara. Antes de la decisión de la CE ya habló durante cerca de una hora con el presidente Juncker para expresar su malestar. Considera que “Polonia tiene derecho a decisiones soberanas sobre dentro del estado” y no va a permitir que “grupos de intereses extranjeros frenen sus reformas”.
Los 6 grandes agravios polacos hasta el momento
El Ejecutivo polaco que ha recibido el apoyo del otro gran líder díscolo de la UE, el húngaro Viktor Orban, ya acumula casi tantos momentos desafiantes con la UE como el gobierno de Budapest. Beata Szydło toma así el relevo en el partido Ley y Justicia en el gobierno del fallecido en accidente de avión el presidente Lech Kaczynski. Ha sido acusada de ser un mero títere en manos del radical Jaroslaw Kaczynski, gemelo del fallecido y líder del partido. Entre otros, destacan estas decisiones durante los escasos tres meses desde que lograron mayoría absoluta:
- Ley de reforma ‘express’ del Tribunal Constitucional, se elimina su “carácter de independencia” y eleva la mayoría calificada a los dos tercios.
- Planes legislativos para eliminar la inmunidad del Defensor del Pueblo y del Presidente del Tribunal de Cuentas.
- Normativa para “limpiar” los medios estatales de periodistas críticos y elegir a dedo los altos cargos.
- Amnistía y elección como ministro de Defensa al ex director de seguridad, condenado por abuso de poder a prisión y acusado de antisemitismo.
- Censura por parte del Ministerio de Cultura de obra de teatro de una Premio Nobel austríaca.
- Rechazo a su cuota de refugiados correspondiente, solo aceptarán a un número limitado de 100 demandantes de asilo.
Para el presidente del Parlamento Europeo, el socialista Martin Schulz, la actitud del PiS es todo un «golpe de Estado». Para el presidente del Consejo de la UE, el también polaco Donald Tusk, esta senda autoritaria serían pasos previos a incluso acabar con la Carta Magna actual. Curiosamente Angela Merkel no se ha pronunciado al respecto a pesar de que su gobierno ha sido un impulsor principal de este procedimiento. La canciller ha sido portada del semanario polaco Wprost caracterizada como Hitler, considerando que Alemania tiene “factura pendiente sin pagar durante, al menos, dos o tres generaciones”.
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