El Parlamento británico exige a May votar una ley del Brexit de verdad: la actual tiene 150 palabras

La Corte Suprema de Reino Unido decidió esta semana que el Gobierno no puede activar el artículo 50 de los tratados de la Unión Europea para iniciar el proceso del Brexit sin que el Parlamento apruebe una ley al respecto. Y, como había advertido el Ejecutivo de Theresa May, el texto que tiene preparado para presentar a la Cámara de Westminster tiene un articulado ridículo y una extensión de menos de 150 palabras. Diputados de todos los grupos, incluidos del bloque conservador que domina con mayoría absoluta el legislativo británico, han exigido a May «más detalles» y una ley de verdad para poder saber qué votan en realidad.

La cuestión no es baladí. El sistema electoral de Reino Unido es por circunscripciones únicas, lo cual implica que cada diputado responde ante los electores de su distrito antes incluso que a la disciplina del partido, porque se juegan renovar en las siguientes elecciones rindiendo cuentas de su trabajo por la comunidad a la que representan y a sus principios.

Esto podría provocar deserciones entre los ‘tories’ y, en todo caso, obligará a retratarse a todos y cada uno de los miembros de la Cámara de los Comunes en su posición respecto del Brexit. Nadie se espera que May pierda la votación, pero la posición de muchos de los diputados, no sólo laboristas y liberal-demócratas, sino del propio Partido Conservador, puede forzar a su ministro para el Brexit, David Davis, a modificar el texto y entrar más en detalles.

Ésta es una decisión de la que huía como de la peste el Gobierno de Theresa May, que quiere guardar sus cartas ante la larguísima y durísima negociación que se avecina, cuyo plazo puede dilatarse hasta dos años, según la normativa de la UE. Y que, en todo caso, obligará a reconstruir todas las relaciones entre la Unión y un Estado que lleva más de cuatro décadas en ella, que –con todas las salvedades británicas– ha participado de su ampliación y de la profundización de sus uniones políticas, económicas y comerciales, y que ahora pasará a ser un tercero.

¿Se logrará mantener Londres dentro de la unión de mercado? No, si se cumplen las previsiones comunitarias de que eso no es posible sin libertad de circulación de trabajadores y ciudadanos. Y es precisamente ése el escollo mayor esgrimido por los defensores del Brexit para justificar la salida de Reino Unido de la UE.

¿Puede negociar, entretanto, Londres con Washington un tratado de libre comercio? No, según el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, que esta misma semana advirtió de que el Gobierno británico «puede hablar, nada se lo impide, pero no negociar condiciones comerciales especiales con un tercer Estado mientras siga dentro de la UE». Este viernes, May visita la Casa Blanca, invitada por el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, defensor del Brexit en público e interesado en «tener excelentes relaciones en todos los ámbitos» con un Reino Unido fuera de Europa. ¿Hablarán de comercio ambos mandatarios, o empezarán a sentar las bases de una negociación que, en teoría, deberá esperar dos años para continuar?

Hace ya más de siete meses que los ciudadanos de Reino Unido decidieron, por un estrechísimo margen, abandonar la Unión. Y todavía no se ha dado un solo paso político en la dirección indicada por las urnas. El último discurso de Theresa May al respecto, pronunciado en términos de arenga a las tropas, se limitó a alimentar el orgullo británico y a tratar de reforzar la posición negociadora de su Gobierno, con palabras grandilocuentes. Pero no entró en detalles. Como no quería hacer tampoco con la ley del Brexit…

La premier se vio obligada a anunciar el pasado martes, tratando de salir al paso de las críticas, que el Ejecutivo publicará un ‘libro blanco’ sobre el proceso de salida de la UE para que el Parlamento lo analice, en alusión al tipo de documento en el que se recogen propuestas para futuras normativas.

Pero un gran número de parlamentarios no se contentan con eso, ni siquiera muchos conservadores, y han pedido a May un informe exhaustivo sobre un proceso para el que no existe todavía ni siquiera un calendario. Sólo se sabe que la «intención» es darle al ‘botón’ del artículo 50 «a finales de marzo».

Pero como para eso hace falta una ley, un debate, unas enmiendas y una votación parlamentaria, May se ve ahora con que ni a sus compañeros les vale un texto que no llega a las 150 palabras.

El ministro Davis dio por iniciado el trámite parlamentario enviando el articulado al Parlamento. «El pueblo británico ha tomado la decisión de abandonar la Unión Europea y este Gobierno está decidido a llevar a cabo esta decisión», explicó en un comunicado. «Confío en que el Parlamento, que apoyó el referéndum por seis a uno, respete la decisión adoptada por el pueblo británico y apruebe la legislación rápidamente», añadió. Le queda trabajo para conseguirlo.