La ONU reclama al dictador Ortega que cese su «caza de brujas» contra los demócratas en Nicaragua

Naciones Unidas ha instado al Gobierno del dictador Daniel Ortega en Nicaragua a poner fin a la «caza de brujas» contra las voces críticas y a retomar el diálogo nacional para zanjar la actual crisis, advirtiendo de que, de lo contrario, la nación centroamericana podría sumirse en «un malestar social y político más profundo».

La crisis estalló en abril por una polémica reforma de la seguridad social que provocó las mayores manifestaciones contra el Gobierno de Ortega, si bien rápidamente evolucionaron hasta exigir la «democratización» de Nicaragua. En estos tres meses, al menos 317 personas han sido asesinadas a causa de una represión que tanto la ONU como la Organización de Estados Americanos (OEA) atribuyen a la Policía y grupos de civiles armados afines al Ejecutivo.

Once relatores especiales de la ONU han alertado este jueves en un comunicado conjunto de que aunque la conflictividad ha disminuido, en parte porque las fuerzas de seguridad han recuperado el control de los principales focos de protesta, «ha aumentado la represión selectiva […], lo que está creando una atmósfera de temor».

«Estamos consternados porque muchos defensores de los Derechos Humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como ‘terrorismo’», han dicho los expertos internacionales.

En concreto, han mencionado el caso de «los profesionales de la salud que ayudaron a las personas heridas», los cuales «se han enfrentado a represalias y han sido despedidos de sus puestos de trabajo sin una explicación clara, desencadenando así un efecto dominó perjudicial en el acceso a la atención médica».

«También estamos profundamente preocupados porque la nueva legislación, adoptada en julio por el Congreso para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, permite a las autoridades un mayor margen para realizar arrestos y procedimientos penales contra manifestantes», han añadido.

Los firmantes han expresado su preocupación por que «estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo y sean indicativos de una política implementada por las autoridades para erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces críticas».

En este contexto, han instado al Gobierno a «desmovilizar inmediatamente a los grupos paramilitares e investigar las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios y las denuncias de desapariciones forzadas con la debida diligencia, sin demora y mediante el uso de procedimientos efectivos, imparciales e independientes».

Han reclamado igualmente «que se abstenga de involucrarse en prácticas de criminalización contra los defensores de los Derechos Humanos y otros activistas, incluso mediante el uso inapropiado de la legislación nacional de seguridad y contra el terrorismo».

Asimsimo, han animado a Ortega a volver a la mesa de negociaciones para «entablar conversaciones significativas e inclusivas con todas las partes involucradas, en el contexto del diálogo nacional, y que respete y garantice plenamente el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos».

Por último, han solicitado al líder sandinista «que colabore plenamente con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes […] para permitirles continuar evaluando la situación de Derechos Humanos en el país».

«La impunidad, la violencia y la represión nunca han sido caldo de cultivo para la paz y estabilidad, y podrían sumergir al país en un malestar social y político más profundo», han subrayado los relatores Michel Forst, Clément Nyaletsossi Voulé, David Kaye, Agnès Callamard, Dainius Puras, Fabian Salvioli, Ivana Radacic, Fionnuala Ní Aoláin, Bernard Duhaime, Koumbou Boly Barry, y Seong-Phil Hong.