Maduro pretende inhabilitar a toda la oposición política con el silencio de Sánchez y Zapatero

La inhabilitación política de la opositora en Venezuela, María Corina Machado, emprendida por el dictador comunista venezolano, Nicolás Maduro, podría ser el primer paso para justificar con los mismos argumentos la eliminación política de cualquier integrante de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 – tres de cuyos diputados son candidatos a las primarias para enfrentarse a Maduro en 2024– o contra cualquier otro líder político que hubiera participado en el mandato de Juan Guaidó.

Las motivaciones políticas utilizadas por la Contraloría General de la República son que Corina Machado «ha sido partícipe de la trama de corrupción, orquestada por el usurpador Juan Guaidó, que propició el bloqueo Criminal a la República bolivariana de Venezuela, así como también el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos». En el año 2019, Guaidó fue reconocido por EEUU y medio centenar de países como presidente encargado de Venezuela, entre ellos España.

Aunque Machado no llegó a ser miembro de la Asamblea Nacional de 2015 y tampoco tuvo cargos dentro del ejecutivo de Guaidó, la Contraloría General de la República concluye que «el bloqueo solicitado por María Corina Machado en connivencia con el usurpador Juan Guaidó, entre otros, ha generado el secuestro de 4000 millones de dólares retenidos en el sistema bancario internacional causando un daño al patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela por la cantidad de 14.000 millones de dólares».

Desde un primer momento, el gobierno de Pedro Sánchez mostró sentirse forzado en sus relaciones con Guaidó, quien en una visita a España no fue recibido por el presidente Sánchez en la Moncloa. A ello hay que añadir que en paralelo, el expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, ha ejercido de portavoz del chavismo en Europa para tratar de levantar la presión occidental sobre el régimen dictatorial.

Las elecciones venezolanas que tuvieron lugar en 2018 no fueron reconocidas por los países de la Unión Europea ni Estados Unidos al considerarse que habían sido una «farsa». No obstante, tras la invasión rusa en Ucrania, el gobierno estadounidense de Joe Biden trató de aproximarse a la explotación de los hidrocarburos venezolanos dando muestras de querer aliviar la presión sobre la dictadura.

Dicha circunstancia fue aprovechada por Pedro Sánchez en España para nombrar al diplomático Ramón Santos como nuevo embajador en Caracas, puesto que había estado vacante desde 2020, por las tensiones diplomáticas surgidas con el gobierno comunista venezolano. Dicha designación supuso una contradicción legal porque España no había reconocido la legitimidad de Maduro tras la farsa de 2018, pero sin embargo, lo dió por válido al mandar un nuevo jefe en la legación española.

Tras la inhabilitación de María Corina Machado no se ha escuchado ninguna declaración ni por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, ni tampoco del presidente Sánchez. Todo esto se produce apenas tres meses después de que el gobierno colombiano de Gustavo Petro organizase un circo en formato de conferencia con la finalidad de levantar la sanciones sobre Venezuela. «Más democracia, cero sanciones», según Petro, fue el objetivo de la conferencia a la que, incluso el gobierno de Biden envió dos representantes, del mismo modo que el jefe de la diplomacia comunitaria, el español Josep Borrell, también asistió.

Todo fue un pretexto para tratar de blanquear al régimen dictatorial de Maduro y normalizar su situación, a pesar de que no subiera producido signos de cambio, y que ahora se ha confirmado que el deterioro y pisoteo de los valores democráticos es mayor.

De hecho, con la acusación contra Machado ya son tres candidatos presidenciales opositores, los que están inhabilitados. Se tratan además de la líder de Plataforma Unitaria, de Henrique Capriles Radonski y Freddy Superlano. Otros tres candidatos, de los 11 que quedarían inscritos, podrían ser inhabilitados por haber estado en la Asamblea Nacional que respaldó al gobierno interino de Juan Guaidó. Es el caso de Delsa Solórzano, Carlos Prosperi y Tamara Adrián. Y a todos ellos podrían sumarse todos los que han avalado la sanciones internacionales contra Venezuela, como es el caso de Andrés Velásquez y Roberto Enríquez, mientras que otros aspirantes aún esperan que la Contraloría general informe a la autoridad electoral sobre la prescripción de su inhabilitación, como es el caso de César Pérez Vivas.

De la lista de 14 candidatos opositores, solo quedan libres de sufrir una inhabilitación, con argumentos parecidos a los que se han usado contra Machado, tres independientes que actualmente no cuentan con respaldo político significativo.

La consecuencia de las inhabilitaciones es que, salvo que haya una negociación que les habilite o reciban un indulto de Nicolás Maduro, no podrán inscribirse como candidatos presidenciales en 2024, con independencia de que ganen las primarias de la oposición previstas para el próximo 22 de octubre.