Londres niega la «amenaza» pero insiste: un Brexit duro «debilitará la cooperación antiterrorista»
El Gobierno británico ha jugado a quitar hierro este jueves a su amenaza de dejar de colaborar con la Unión Europea en seguridad si no hay acuerdo comercial en las negociaciones del Brexit, al tiempo que dará el primer paso para desenredar sus leyes de las europeas.
En Malta el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, se reunirá con la jefa de gobierno alemana, Angela Merkel, su par español Mariano Rajoy, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en un encuentro de líderes conservadores centrado en el adiós británico.
En una tribuna en siete diarios europeos, la primera ministra británica Theresa May lanzó un mensaje tranquilizador, expresando su deseo de mantener una «profunda y especial relación con toda la UE» tras el Brexit. «Estamos convencidos de que será posible llegar a un acuerdo en el plazo previsto, y además de un modo que refuerce los valores europeos que todos compartimos y que el mundo necesita», escribió May.
Sin embargo, en la carta que dirigió a la Unión Europea (UE) para dar inicio a la separación, May se refirió a la seguridad en 11 ocasiones. «En términos de seguridad, un fracaso a la hora de alcanzar un acuerdo se traduciría en el debilitamiento de nuestra cooperación en la lucha contra el crimen y el terrorismo», dejó negro sobre blanco la primera ministra.
«No es una amenaza», ha querido matizar este jueves a la BBC el ministro británico del Brexit, David Davis. «Es una constatación del hecho de que sería perjudicial para ambas partes que no lleguemos a un acuerdo. Es un argumento para lograr un acuerdo», añadió.
La ministra del Interior británica, Amber Rudd, insistió en que la seguridad tiene que ser también objeto de negociaciones. «Somos el mayor contribuyente a Europol. Si nos vamos de Europol, nos llevamos la información», dijo Rudd.
«La seguridad es algo muy serio»
El argumento no cayó bien en el resto de Europa. «Trato de ser un caballero con las señoras, así que no uso, ni pienso, en la palabra ‘chantaje’», dijo el principal negociador del Parlamento europeo, Guy Verhofstadt.
Sin embargo, añadió que «la seguridad de los ciudadanos es un tema demasiado serio para depender de las negociaciones de divorcio con el Reino Unido». Y sentenció: «No aceptaremos nunca que haya un mercadeo entre acuerdo y seguridad».
También hubo críticas dentro del Reino Unido. «No. Somos el Reino Unido. No hacemos estas cosas. No amenazamos con ignorar atentados terroristas a cambio de libre comercio. No amenazamos vidas a cambio de acuerdos aduaneros», escribió en la red Twitter la portavoz de Interior de la oposición laborista, Yvette Cooper.
No. We're Britain. We don't do this. We don't threaten to ignore terror attacks for free trade. We don't threaten lives for a customs deal pic.twitter.com/Q5eTwDgwqM
— Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) March 29, 2017
No fue la única fricción. Merkel echó un jarro de agua fría a la pretensión británica de negociar un acuerdo de libre comercio al mismo tiempo que el divorcio, como May pidió en su carta. «Antes habrá que clarificar en las negociaciones cómo desligar las estrechas imbricaciones» entre la UE y el Reino Unido, dijo Merkel.
El presidente francés François Hollande le dijo lo mismo a May en la conversación telefónica que mantuvieron este jueves, señaló el Elíseo, mientras Rajoy le recordó «la posición unitaria de la UE respecto a la negociación».
La gran derogación
El Reino Unido empezará este jueves a afrontar esas imbricaciones mencionadas por Merkel, iniciando la tarea colosal de separar sus leyes de las europeas, tras 44 años de supremacía de la legislación y los tribunales europeos.
El Gobierno publicará este jueves un ‘libro blanco’ con las grandes líneas sobre la ‘Gran Ley de Derogación’ (Great Repeal Bill), que convertirá en leyes británicas todas las europeas, con la intención de que no haya un salto legislativo al vacío cuando el país abandone la UE.
A partir de la aprobación de ese instrumento, se irán examinando una a una todas esas leyes europeas para ir enmendándolas o derogándolas.
Los planes del Gobierno despiertan recelo entre la oposición, porque darán a los ministros, además de a los gobiernos regionales de Escocia, Irlanda del Norte y Gales, la potestad, durante un breve periodo de tiempo, de cambiar esas leyes europeas, recurriendo a un mecanismo de 1539 que usó Enrique VIII para legislar por proclamación, sin tener en cuenta al parlamento.
David Davis garantizó a los diputados que no habrá abusos y que todo se hará de modo que el «Parlamento esté satisfecho con lo adecuado del proceso».
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