EEUU anula el programa «tolerancia cero» de Trump que separó a más de 3.000 familias inmigrantes

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Un padre inmigrante con su hija, reunidos el pasado mes de julio, tras ser separados y posteriormente detenidos por la política "tolerancia cero" de Donald Trump. Foto: AFP

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comunicado este martes de manera oficial a todas las fiscalías de Estados Unidos que el programa «tolerancia cero» del expresidente Donald Trump, que provocó la separación de más de 3.000 familias inmigrantes, ha sido finalmente revocado.

Así lo ha comunicado el fiscal general en funciones de Estados Unidos, Monty Wilkinson, en una misiva enviada a los fiscales del país, a los que se les pide mesura cuando corresponda enjuiciar delitos menores por cruzar la frontera, evitando los tribunales federales y la separación de los padres de sus hijos, pero no que los infractores puedan ser deportados.

Si bien Trump cedió y firmó una orden ejecutiva en junio de 2018 para acabar con la separación de los hijos cuando sus padres fueran procesados, el programa de «tolerancia cero», por el cual cualquiera podía ser enjuiciado al cruzar la frontera de manera irregular, incluso por delitos menores, siguió funcionando.

En su carta, a la que ha tenido acceso la cadena NBC, Wilkinson aconseja a los fiscales que tomen en cuenta otros factores, como «las circunstancias personales», «los antecedentes penales», la «gravedad del delito» o «las consecuencias de una posible condena», en lugar de someterse a la «tolerancia cero» de la anterior Administración.

«Si bien las políticas pueden cambiar, nuestra misión siempre sigue siendo la misma, buscar justicia bajo la ley», ha dicho Wilkinson, quien ha recordado que el Departamento de Justicia «ha enfatizado durante mucho tiempo» en que las decisiones de llevar a alguien ante un tribunal federal deben estar fundamentadas y contar con evidencias.

Wilkinson asegura en la misiva que una política que obliga a un fiscal a tratar todos los casos que le llegan bajo una misma ley «sin tener en cuenta las circunstancias individuales es inconsistente» con los principios de Estados Unidos.

Aunque el programa de «tolerancia cero» estuvo vigente apenas unos meses, entre abril y junio de 2018, miles de niños fueron separados de sus padres después de que estos fueran procesados judicialmente por cruzar la frontera de manera irregular. Los menores, puestos bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, contaron con apenas métodos para reunirse con sus progenitores, algunos de los cuales fueron deportados con sus hijos todavía en territorio estadounidense.

Los servicios legales que demandaron a la anterior administración por la separación de estas familias han denunciado que todavía no han podido comunicarse con los padres de 611 niños, separados de ellos por funcionarios fronterizos.

«Esta acción es un buen comienzo, pero lo que realmente se necesita es que el Congreso derogue las sanciones por entrada no autorizada que impliquen la separación de las familias», ha dicho el abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, Lee Gelernt.

El fin de estas políticas, recuerda, no soluciona el problemas de las familias que ya han sido separadas, por ello, «la Administración Biden debe reunirlas en Estados Unidos y brindarles la ciudadanía, recursos, atención y el compromiso de que la separación familiar nunca volverá a ocurrir», publican medios estadounidenses.

Asalto al Capitolio: 135 detenidos

El fiscal federal interino para el Distrito de Columbia, Michael Sherwin, ha informado este martes de la detención de 135 personas relacionados con el asalto al Capitolio, en Washington, el pasado 6 de enero, así como de la identificación de más de 400 sospechosos.

Sherwin ha asegurado que las autoridades están haciendo todo lo posible para que la lista de implicados siga creciendo, la cual, ha dicho, lo está haciendo «por horas», aunque ha descartado que todos ellos puedan ser finalmente incriminados.

En ese sentido, el fiscal en funciones ha explicado que «independientemente del nivel de conducta delictiva», las autoridades están trabajando para identificar y acusar a quienes pudieron cometer un delito, sin importar el tamaño del mismo, y ya fuera dentro o en el interior del Capitolio.

Al ser cuestionado en rueda de prensa acerca de las sospechas que alertan de que el asedio al Capitolio pudo ser organizado mucho antes de que se convocase la manifestación en apoyo de Donald Trump, Sherwin no descarta nada y avanza que las investigaciones apuntan hacia una «posible coordinación entre grupos y milicias de diferentes estados para viajar a Washington antes del día 6 para participar en actos delictivos».

Es el caso, por ejemplo, de uno de los posibles líderes de la milicia de extrema derecha Oath Keeper, Thomas Caldwell, acusado de «sedición» y «conspiración» por su papel el 6 de enero en Washington, cuando se significó «activamente» en la «planificación y violación» del Capitolio, explica Sherwin.

También presente en la conferencia ante los medios, el subdirector del FBI, Steven D’Antuono, ha querido agradecer a los ciudadanos su colaboración durante estas últimas semanas, puesto que su «nada menos que extraordinaria» participación, con la entrega de más de 200.000 archivos audiovisuales, ha permitido la identificación de algunos de los sospechosos.

«Algunos de ustedes han reconocido que aquello fue un incidente tan atroz que tuvieron que entregar a sus propios amigos y familiares. Sabemos que esas decisiones a menudo son dolorosas, pero hicieron lo correcto», ha reconocido, según informa la cadena estadounidense ABC.

«Estamos agradecidos de que hayan tomado esa decisión. Estados Unidos está agradecido de que hayan tomado esa decisión», ha recalcado D’Antuono, quien, por otro lado, ha reconocido también que no tienen «cifras precisas» sobre quienes «ingresaron ilegalmente en el Capitolio».

Por último D’Antuono ha comunicado que todavía sigue la búsqueda del sospechoso de colocar una bomba casera en las inmediaciones de las sedes de los partidos Demócrata y Republicano en Washington, para ello el FBI ha vuelto a solicitar la colaboración ciudadana, ofreciendo una recompensa de 75.000 dólares (61.600 euros) por información que pueda hacerles llegar hasta él.

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