Ecuador impulsa una reforma penal pionera con delitos tecnológicos inéditos

La Asamblea Nacional de Ecuador ha iniciado el proceso de reforma integral de su Código Penal con una ambición sin precedentes: convertirse en el primer país de la región en tipificar de manera autónoma delitos como la suplantación de identidad digital, el ciberterrorismo y el acoso online. La iniciativa, impulsada por el presidente Daniel Noboa, busca modernizar el sistema penal ecuatoriano para adaptarlo a los desafíos del siglo XXI y ha contado con la participación destacada del abogado penalista español Juan Gonzalo Ospina como consultor internacional.

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional ha celebrado recientemente una sesión extraordinaria en Quito para debatir el anteproyecto. El encuentro ha reunido a representantes de todos los grupos parlamentarios, encabezados por la presidenta de la Comisión, Rosie Torres, junto a miembros del Ministerio Fiscal.

Entre las propuestas analizadas figuran tipos penales relacionados con la criminalidad digital que actualmente carecen de una regulación específica en la mayoría de países latinoamericanos. El acoso online, la suplantación de identidad digital, el fraude bancario electrónico, el sabotaje informático, el ciberterrorismo, la pornografía infantil y los delitos de corrupción y tráfico de influencias forman parte del ambicioso paquete normativo.

Ospina marca el debate

Juan Gonzalo Ospina, socio director del despacho Ospina Abogados de Madrid, ha sido la figura central de la sesión extraordinaria. El jurista español ha viajado desde la capital española expresamente para intervenir durante más de 90 minutos ante los asambleistas ecuatorianos en calidad de consultor internacional.

Ospina, reconocido por su experiencia en derecho penal económico y cibercriminalidad, ha abierto su intervención con una declaración que ha marcado el tono del debate: «Sin justicia no hay libertad, y sin seguridad no hay justicia. Los Estados deben protegerse frente a los nuevos tipos penales que amenazan la convivencia y la dignidad de las personas».

El experto ha alertado sobre los riesgos del populismo punitivo. Ospina ha advertido que «aumentar las penas no garantiza la desaparición del delito», aunque también ha rechazado caer en el «buenismo simbólico» de negar que la maldad existe. Esta posición equilibrada ha resonado entre los parlamentarios presentes, que han visto en sus palabras una guía para evitar los extremos ideológicos.

Propuesta de penas

El abogado penalista español ha presentado una propuesta concreta para estructurar las penas de los nuevos delitos tecnológicos. Ospina ha abogado por la proporcionalidad mediante una arquitectura escalonada en tres niveles que permita adaptar la respuesta penal a la gravedad de cada conducta.

El tipo básico contemplaría penas de uno a tres años de prisión para las conductas menos graves. El tipo agravado elevaría la horquilla de tres a seis años para supuestos con mayor lesividad. El tipo especialmente grave, reservado para delitos cometidos dentro de organizaciones criminales o bandas, superaría los diez años de reclusión.

Esta graduación, según ha explicado Ospina ante los asambleistas, permitiría al juez ecuatoriano individualizar la pena según las circunstancias concretas de cada caso. El jurista español ha insistido en que la proporcionalidad no es solo un principio técnico, sino una garantía fundamental del Estado de derecho.

Una de las propuestas más ambiciosas de Ospina ha sido la creación de una Unidad Central de Ciberseguridad del Ecuador, especializada en delitos tecnológicos. El abogado español ha argumentado que sin medios de investigación adecuados, cualquier reforma penal quedará en papel mojado.

El jurista español ha insistido además en la necesidad de establecer un reglamento o ley que obligue a las grandes plataformas digitales —como Google o Meta— a responder con celeridad a los requerimientos judiciales y policiales. «De poco sirve tipificar una conducta si luego el Estado carece de los medios para perseguirla. La cooperación internacional y la rapidez en la respuesta tecnológica son la clave», ha señalado Ospina ante los asambleistas.

La intervención del abogado español ha sido recibida con interés por todos los grupos parlamentarios presentes en la sesión. La presidenta de la Comisión de Justicia, Rosie Torres, ha valorado especialmente la aportación práctica de Ospina. «Contar con la visión práctica de un abogado penalista en ejercicio ha sido una oportunidad para conectar la ley con la realidad judicial», ha destacado Torres tras la sesión.