El defensor del pueblo pide protección para los venezolanos que viven en España

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado al Ministerio del Interior que formule una propuesta al Consejo de Ministros para que realice una declaración general de protección temporal para los ciudadanos procedentes de Venezuela mientras se encuentren en España.

Más peticiones de asilo

La institución ha constatado el elevado número de solicitudes de protección internacional de esta nacionalidad pendientes de resolver y «la casi nula tasa de reconocimiento de la condición de refugiado». Según los datos aportados por el departamento que dirige Fernández Marugán, en junio estaban admitidas a trámite y pendientes de resolver 17.969 solicitudes de protección internacional de ciudadanos venezolanos y se habían concedido los primeros seis meses de 2018, tres estatutos de asilo y ninguna protección subsidiaria.

Respuesta rápida

En opinión del Defensor, esta realidad exige una respuesta rápida para acabar con la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran muchos ciudadanos venezolanos. Por este motivo, considera que esta solución parece «la más razonable» dada la limitada capacidad de actuación de la Oficina de Asilo y Refugio y el estado de precariedad en el que ya viven muchos venezolanos en España.

El Defensor ha recordado que este régimen de protección temporal está previsto para casos de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea que no puedan regresar en condiciones seguras y duraderas debido a la situación existente en ese país. Tiene una duración de un año prorrogable hasta un máximo de tres.

Así, con una declaración de protección temporal los ciudadanos venezolanos podrían disfrutar de derechos como libertad de circulación y de residencia, permiso de residencia, autorización de trabajo o acceso a servicios sociales y sanitarios en caso de no disponer de recursos suficientes.

Asimismo, Fernández Marugán ha recordado que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ya instó el pasado mes de marzo a los Estados receptores de ciudadanos venezolanos a que «les permitan el acceso a su territorio» y «continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección».