Cristina Kirchner enfrenta seis años de cárcel en un juicio por fraude a la Administración pública

El juez federal Claudio Bonadío ha ordenado abrir juicio oral contra la ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner por el caso ‘dólar futuro’, en el que se le piden hasta seis años de cárcel por un «fraude a la administración pública» por asegurar el valor de venta de la divisa.

Bonadío ha dado por concluidas las pesquisas, que han durado más de un año, al considerar que hay indicios de que la líder izquierdista cometió un delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», con una pena de hasta seis años de cárcel.

Fernández de Kirchner compartirá banquillo con otras 14 personas, todos con los mismos cargos, entre ellos su ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, según informan los medios de comunicación argentinos.

El objetivo de estas operaciones financieras, que implicarían al Banco Central de la República de Argentina (BCRA), era garantizar el valor de venta del dólar con varios meses de antelación a un precio ligeramente menor al previsto en los mercados internacionales.

Bonadío argumentó en su momento que «es impensable que una operación financiera de esta magnitud […], que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo».

La defensa de Fernández de Kirchner, por su parte, esgrime que el BCRA es totalmente independiente, por lo que escapa al control de la Casa Rosada, e intentó recusar a Bonadío, pero la Cámara Federal lo respaldó manteniendo viva la causa.

La ex jefa de Estado también está siendo investigada por un delito de blanqueo de capitales en un caso que indaga la supuesta existencia de una red integrada por funcionarios y empresarios para el desvío de fondos públicos.

También es objeto de investigación por encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, tal y como denunció el fallecido fiscal de este caso, Alberto Nisman.