La Casa Blanca no está «familiarizada» con el informe que acusa al hijo de Biden de cobros ilegales

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha asegurado este miércoles no estar «familiarizada» con el reciente informe del Senado en el que se sostiene que el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter, habría recibido 3,5 millones de dólares (2,9 millones de euros) por parte de la mujer del ex alcalde de Moscú Yurii Luzhkov.

«No estoy familiarizada con esa afirmación. No parece que esté respaldada por muchas pruebas. Si tiene pruebas o detalles, con gusto lo discutiremos más», ha respondido Psaki a la pregunta de un periodista del ‘The New York Post’ durante la rueda de prensa celebrada este miércoles en la Casa Blanca.

El informe al que se ha hecho referencia forma parte de una investigación llevada a cabo por dos comités del Senado de Estados Unidos, en el que se afirma que Hunter Biden habría recibido en febrero de 2014 3,5 millones de dólares por parte de Elena Baturina, la difunta esposa del ex alcalde Luzhkov, por un trabajo de consultoría.

Estos presuntos cobros fueron ampliamente utilizados por el ex presidente Donald Trump durante la campaña electoral. Estas acusaciones fueron objeto de uno de los momentos más polémicos del primer debate entre los dos candidatos, con Biden llamando «payaso» al republicano debido a la insistencia de éste con respecto a este asunto.

A mediados de octubre del año pasado, el tabloide conservador ‘The New York Post’ publicó un correo electrónico de abril de 2015 recuperado de un ordenador que supuestamente pertenecía a Hunter Biden, proporcionado por el antiguo abogado de Trump, Rudy Giulani.

En el correo, el asesor de la compañía de gas ucraniana Burisma Group, Vadym Pozharskyi, daba las gracias a Hunter Biden por invitarlo a una reunión con su padre en Washington cuando este aún era vicepresidente en la Administración de Barack Obama. Hunter Biden fue director en la junta de Burisma desde 2014 a 2018, según consta en documentos presentados por la empresa en Chipre, donde está registrada, algo por lo que Trump presionó a las autoridades ucranianas para que investigaran delitos de presunta corrupción.