Almagro denuncia la «responsabilidad penal» de Nicolás Maduro en las muertes durante las protestas

Nicolas Maduro
Nicolás Maduro junto a su mujer, Cilia Flores. (Foto: AFP)

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este miércoles que el presidente venezolano Nicolás Maduro y otros miembros de la cúpula gobernante tienen «responsabilidad penal» en el centenar de muertos en las protestas.

«El Régimen (venezolano) persiste en la violación sistemática de la Constitución y en el uso sistemático de la represión violenta, los únicos medios que le permiten mantenerse en el poder», escribió Almagro en su tercer informe sobre el país sudamericano, el primero tras el inicio de las protestas, el 1 de abril.

«La cadena de mando comienza en la cima de la estructura jerárquica. Tanta responsabilidad penal tienen quienes elaboran la política y planifican la estrategia, como quienes participan y/o son cómplices en la aplicación de esa política de represión», agrega.

En su informe de 60 páginas, dirigido al presidente del Consejo Permanente de la OEA, el embajador brasileño Jose Luiz Machado E Costa, Almagro critica la represión contra los manifestantes, así como la convocatoria a una Asamblea Constituyente por parte de Maduro.

«El Presidente Maduro, su Vicepresidente y su Gabinete dan instrucciones a la dirección de las fuerzas militares y a los cuerpos policiales (…). Esas organizaciones, junto con sus contrapartes regionales y el aparato de seguridad paramilitar, los llamados colectivos, ejecutan las órdenes emanadas del Poder Ejecutivo», dice el informe.

«La responsabilidad de los crímenes perpetrados recae tanto en quienes están en la punta de la pirámide organizacional como en quienes aprietan el gatillo o emplean armas de tortura», agrega.

«La escalada de la violencia que, hasta la fecha, ha dejado una estela luctuosa de más de 100 víctimas civiles, culminó en el ataque contra la Asamblea Nacional, el símbolo mismo de la Venezuela democrática, el 5 de julio»,

El informe incluye un listado con los nombres y datos de 92 personas muertas (hasta el 10 de julio) en el marco de las protestas en Venezuela. «De esta lista de 92 personas, 67 fueron asesinadas con armas de fuego o u otro tipo de proyectil. De las 92 personas fallecidas, treinta tenían 21 años o menos; 24 eran estudiantes, y catorce eran menores de 18 años», señala el informe.

Venezuela vive desde el 1 de abril protestas que dejan hasta este miércoles 97 muertos, con las que la oposición rechaza la Asamblea Constituyente y exige la salida de Maduro. El país petrolero está hundido en una crisis económica por la caída de los precios del crudo y enfrenta una escasez de alimentos y medicinas, así como una descontrolada inflación.

Almagro llamó a una reunión urgente del Consejo Permanente que nunca fue convocada y la OEA ya trató el tema de Venezuela en dos reuniones a nivel de cancilleres, pero sin obtener consenso para adoptar una resolución. Mientras tanto, Maduro inició en abril el proceso de salida Venezuela de la organización continental.

En su tercer informe, Almagro destaca que el llamado de Maduro a la Constituyente es «ilegítimo». «Como nace de las violaciones a la Constitución, el llamado a una asamblea constituyente es ilegitimo desde su origen», indica el informe, que destaca como contrapartida la masiva participación ciudadana en un plebiscito organizado el domingo por la oposición, en el que votaron 7,6 millones de venezolanos.

«A pesar de que la Constitución Bolivariana era uno de los más preciados legados del Presidente Chávez, el Régimen del Presidente Maduro ha violado sistemáticamente el espíritu y las disposiciones de esa Constitución», añade.

«La Consulta realizada representa un verdadero ejemplo de vocación cívica y de democracia directa ejercida por los venezolanos a pesar de los crímenes de la represión del Estado. El pueblo se expresó a favor de recuperar sus libertades fundamentales y el Estado de derecho», indica.

En sus anteriores informes sobre Venezuela, de junio de 2016 y marzo de 2017, Almagro describió una “alteración del orden constitucional” y la “ruptura del orden democrático” en ese país, respectivamente.

 

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