España
Gobierno de coalición

Yolanda Díaz quiere recuperar la paga de 480 € al mes para los presos que salen de la cárcel

Critican que el Gobierno haya dejado a los ex reclusos a expensas de percibir sólo el IMV

Sumar quiere recuperar el subsidio para los presos que salen de la cárcel. La ayuda, de hasta 480 euros mensuales, que se otorgaba en el momento de la excarcelación, fue suprimida ahora hace un año. Los de Yolanda Díaz, socios además de la coalición de Sánchez, critican que el Gobierno del que forman parte haya dejado a los ex reclusos a expensas de percibir como única retribución el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

A través de una proposición no de ley (PNL) los socios del Ejecutivo de Sumar quieren recuperar las ayudas que, antes del 1 de noviembre de 2024, momento en que se suprimió esta remuneración, recibían las personas liberadas de prisión. Hasta esta fecha, según quedaba recogido en el artículo 274 de la ley General de la Seguridad Social, eran unos pocos los grupos que sí podían resultar «beneficiarios» del denominado «subsidio por excarcelación». Lo hacían por un plazo además de 6 meses prorrogables hasta un máximo de 18.

Entre ellos, personas «que no tuvieran derecho a la prestación por desempleo», siempre y cuando la privación de libertad a la que hubieran sido sometidos lo hubiera sido por un tiempo «superior a seis meses» de duración. En esta situación, se encontraban «los menores liberados de un centro de internamiento» ingresados como consecuencia de la comisión de un delito. Ello, cuando además de haberse visto privados de su libertad, «en el momento de la liberación fueran mayores de 16 años».

También se incluía entre los receptores a las personas que hubiesen concluido «un tratamiento de deshabituación de su drogodependencia, siempre que el mismo hubiera durado un periodo superior a seis meses» y dicha persona, según el articulado de la ley, «hubiera visto remitida su pena privativa de libertad» en aplicación del artículo 87 del Código Penal. 

Retroceso en la reinserción

Según el texto de la iniciativa de Sumar a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la derogación del citado artículo de la Ley por parte del ala socialista del Ejecutivo del que forman parte, la única oportunidad que se les ha ofrecido a estas personas es la de «solicitar el ingreso mínimo vital».

A juicio de los de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo, la prestación les excluye a la hora de reinsertarse en la sociedad en tanto que la misma se encuentra dirigida a «prevenir el riesgo de pobreza» y la «exclusión» de las personas y las familias que «carecen de recursos económicos básicos» para cubrir sus necesidades.

Hasta que el subsidio por excarcelación fuera derogado ahora hace un año, sostienen los socios de la coalición de Sánchez que una de las características que hacía de ello para los solicitantes, era que «se podía tramitar de forma ágil y sencilla, y era una herramienta necesaria para las personas en libertad en su proceso de reinserción social».

«Brecha digital insalvable»

En su iniciativa justifican incluso que, al haber «vivido durante un tiempo en un mundo completamente analógico» al estar privados de su libertad, este elemento ha hecho que muchos carezcan «de herramientas para gestionar telemáticamente la solicitud del ingreso mínimo vital, habiendo una brecha digital insalvable».

A lo que además, señalan en Sumar que se sume «la falta de citas disponibles» en las oficinas de la Seguridad Social para quienes necesitan este tipo de subsidios. Lo cual, está impidiendo que muchas de estas personas puedan acudir de manera presencial a solicitar estas ayudas y que hace que algunas resoluciones puedan tardar «alrededor de un año frente al mes o dos meses que tardaba en resolverse el subsidio por excarcelación».

«El subsidio por excarcelación representa una inversión en cohesión social y prevención de la delincuencia que beneficia al conjunto de la sociedad», sostienen en su texto. Su eliminación, que apuntan «supone un retroceso en las políticas de reinserción», puede también tener unas «consecuencias negativas» tanto para los afectados como la seguridad de toda la ciudadanía.