‘Vox desmonta a la Abogacía del Estado en el ‘caso Plus Ultra’: la compañía venezolana falseó sus cuentas

Vox desmonta una por una las razones por las que la Abogacía del Estado solicitó el archivo del caso Plus Ultra, en el que se investiga el rescate a la compañía aérea. El organismo público acusaba a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid de realizar una «investigación prospectiva» – buscar los presuntos hechos delictivos– y solicitaba el archivo de las actuaciones. El partido de Santiago Abascal responde en un duro escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que demuestra que la información aportada por la compañía venezolana a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) no era real.

La abogada del Estado Rosa María Seoane pidió que se cerrase la causa apoyándose en que había aportado un expediente clave para la causa. En ese documento se explicaban los supuestos motivos por los que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI había concedido 53 millones de euros a Plus Ultra. Sin embargo, el equipo jurídico de Vox ha analizado dicho informe y concluye que «existen dudas de que la información económica de la compañía ofrecida a las auditoras fuese una información veraz y real sobre la evolución y situación económica de la sociedad».

Cuentas ficticias

En el escrito Vox explica que la compañía chavista experimentó un crecimiento de 50,08% entre 2019 y 2020. Sin embargo, la sociedad no detalla que «se ha financiado con un aumento del endeudamiento del 78,62% lo que implica que no es un crecimiento real, sino que se ha solicitado un cuantioso crédito para aparentar el crecimiento de la empresa y ocultar que se encontraba en crisis antes de la solicitud del préstamo participativo de la SEPI».

Por tanto, añade, «se trata de un activo ficticio y de una forma artificiosa de ofrecer una imagen poco fidedigna de la realidad financiera de la empresa, máxime cuando ha venido arrojando pérdidas de forma continuada y lo seguirá haciendo en los próximo dos o tres ejercicios, tal y como muestran los informes financieros y su propio plan de viabilidad». Con esta estrategia lo que pretendía la empresa venezolana es «justificar las perdidas a causa del Covid cuando en realidad se venían produciendo desde mucho antes», subraya el escrito.

El Consejo Gestor otorgaba fondos a aquellas empresas solventes que han tenido problemas durante la crisis económica creada por la pandemia por el Covid-19. Sin embargo, los problemas de Plus Ultra no están ligados al coronavirus ya que venía sosteniendo deudas y pérdidas desde su creación en 2011, tal y como reflejan las cuentas financieras de la compañía.

Vox también responde a la Abogacía del Estado que le acusaba de denunciar unos hechos «sin pruebas» y «basándose en noticias de los medios de comunicación». «Tal afirmación dista mucho de ser un análisis riguroso de la querella presentada por este partido que cuyo sustento no sólo se encuentra en las noticias publicadas (que no han sido desmentidos) motivo por el que son en sí mismo, noticia criminis suficiente para iniciar investigaciones, sino que, además, en la querella presentada por Vox se fundamenta en documentación extraída de registros públicos de los que se deduce la existencia de contradicciones e indicios por los que deben investigarse, tal y como de forma acertada apreció la instructora», argumenta el partido de Abascal.

Por todo ello, solicita a la juez que continúe investigando los presuntos hechos delictivos ya que «la información que hasta el momento aparece en las actuaciones ofrecen indicios de comisión de delitos más que suficiente para justificar la investigación».