La vista de la demanda de Puigdemont contra el juez Llarena será el próximo martes

Un juzgado civil de Bruselas ha establecido como fecha de la vista preliminar de la demanda civil de Puigdemont a Llarena para el próximo martes a las 9.30 h.

En ella se analizará con carácter preliminar la demanda civil por la que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros pretenden que el juez que les ha investigado por rebelión en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sea condenado a indemnizarles con un euro simbólico por su supuesta falta de imparcialidad.

La demanda y la posterior gestión de lo ocurrido por parte del Ministerio de Justicia han hecho saltar las alarmas en el ejecutivo de Pedro Sánchez. Los socialistas han ido cambiando su parecer respecto a la estrategia: Desde una posición inicial contraria a defender personalmente al juez -justificándolo en que la demanda se basa en unas manifestaciones realizadas por Llarena en un acto privado- a la contratación de un bufete en Bélgica por 544.982 euros con la encomienda de defender tanto la soberanía de los tribunales españoles como al magistrado.

Finalmente, el martes se verán las caras en la Sección de Civil del Palacio de Justicia de Bruselas tanto los abogados de Puigdemont y de sus exconsejeros Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig como los letrados del bufete Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, que ha sido el contratado por el Gobierno para representar a España en este litigio.

Los exconsejeros y Puigdemont argumentan en su demanda que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y se basan en una manifestaciones realizadas por el juez el pasado mes de febrero en Oviedo, donde acudió a dar una conferencia.

Según los demandantes, Llarena señaló que los investigados por el ‘procés’ no pueden ser tildados de «presos políticos» y les acusó de haber incurrido en rebeldía según el Código Penal español, lo que compromete su independencia.

El asunto se ha visto además enturbiado por el hecho de que la demanda en francés que ha llegado al juzgado belga incluya -por un error según los demandantes- una traducción errónea de las palabras del magistrado español que dan por hecho la atribución del delito a los exmandatarios catalanes al utilizar el afirmativo en vez del condicional con el que el juez español se expresó. Este «error» será enmendado el martes ante por los demandantes, según anunciaron.

El Gobierno actuó tras ser reclamada la defensa del juez por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante el que Llarena solicitó amparo. La reclamación del órgano de gobierno de los jueces incluye también la necesidad de arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado, esto es, que el Estado asuma la condena y las costas que se deriven de una eventual condena civil.