Villar de Cañas insiste en su cementerio nuclear en contra del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha

El Ayuntamiento de Villar de Cañas insiste en tener su cementerio nuclear, en contra de la imposición del Gobierno de Castilla-La Mancha, que amplió la Zona de especial Protección para las Aves en la comarca para torpedear el proyecto que prometía millones de euros de inversión y empleos para la población. El Consistorio ha recurrido este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma esta ampliación –sobrevenida tras la concesión por parte del Gobierno central– de la laguna de El Hito, que afecta a la construcción en este municipio del almacén temporal centralizado de residuos nucleares (ATC).

Según han informado a Efe fuentes del Consistorio, el Ayuntamiento del municipio conquense ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el TSJCM contra el decreto del Gobierno de Castilla-La Mancha del pasado mes de octubre, mediante el que se amplió la ZEPA a la laguna de El Hito, y frenaba la construcción del almacén.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, explicó que esta ampliación implica que cualquier infraestructura relacionada con el almacén temporal de residuos nucleares (ATC) y el centro tecnológico que se quiere construir en Villar de Cañas necesite la aprobación ambiental previa del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Las mismas fuentes han avanzado que aunque este recurso lo ha presentado el Ayuntamiento de Villar de Cañas, que gobierna el popular José María Sáiz, con su propio equipo jurídico, está previsto que próximamente haga lo propio la plataforma de afectados por la ZEPA de El Hito, que se ha constituido en asociación para tener personalidad jurídica.

La plataforma presentará el recurso conjuntamente con los ayuntamientos de Villarejo de Fuentes y Zafra de Záncara, mientras que los ayuntamientos de Villares del Saz y Saelices, también en la provincia de Cuenca, han presentado un requerimiento previo, han añadido las fuentes municipales.

En este sentido, han comentado que habrá que esperar la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) y también el Tribunal Supremo (TS), porque consideran que lo que ha hecho el Gobierno regional para frenar la construcción del ATC implica «un fraude de ley» y a su juicio es «una cacicada política».