La UCO asegura que García Ortiz borró todo de tal forma que no se pudiera recuperar: «Fue intencionado»

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, han confirmado este miércoles ante el Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procedió a borrar intencionalmente sus mensajes de WhatsApp y su cuenta de Gmail el 16 de octubre de 2024, el mismo día en que se le abrió la causa judicial. Los peritos han explicado que la consolidación de la base de datos tras el borrado ha hecho «imposible» recuperar la información que habría sido relevante para la investigación sobre la filtración contra Alberto González Amador.

La quinta jornada del juicio ha estado marcada por las declaraciones de hasta once agentes de la UCO que participaron en los registros de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Provincial de Madrid. Los peritos han detallado de forma pormenorizada cómo se produjo el borrado de información y los obstáculos técnicos que encontraron para recuperar datos cruciales.

Uno de los agentes ha explicado que «el último mensaje registrado es de esa fecha» del 16 de octubre. Ha añadido que «se observa una acción previa compatible con el borrado de información, por lo que se puede determinar que efectivamente se produjo un borrado». Esta acción tuvo lugar apenas unas horas después de que el Supremo abriera formalmente la causa contra García Ortiz.

Los investigadores han confirmado que el fiscal cambió de terminal móvil una semana después del borrado inicial. El 23 de octubre pasó de un Samsung A52 a un A54, aunque esa misma noche volvió temporalmente al modelo anterior. Los peritos creen que este vaivén se debió a que «formateó» el móvil nuevo y al no poder usarlo inmediatamente, retornó al terminal previo.

Borrado irrecuperable

Los peritos han señalado que tras el borrado se observó «una entrada de 1.500 registros» en el terminal de García Ortiz. Estos registros corresponden a mensajes automáticos de WhatsApp informando que cada contacto tiene «cifrado del chat punto a punto» y que «la conversación es segura». Este tipo de avisos aparecen cuando se abre un nuevo chat o se elimina un chat existente previamente.

La cuenta de Gmail vinculada al dispositivo corrió la misma suerte. Los investigadores han confirmado que esta cuenta, que contenía las copias de seguridad de WhatsApp, «había sido eliminada recientemente». Las comisiones rogatorias enviadas tanto a Google como a Meta, propietaria de WhatsApp, fracasaron en sus intentos de recuperación.

En lo recuperado «no venía nada de interés para la investigación». Con Meta «ocurrió exactamente lo mismo», ha añadido otro agente. «No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés para la investigación».

Los agentes han detallado que WhatsApp estaba activo en tres dispositivos: el móvil y dos ordenadores, uno con Windows y otro con Mac OS. Aunque estos equipos «podrían haber tenido copias locales de la información», tampoco se logró acceder a ellas.

La UCO ha confirmado que desde el 7 de marzo de 2024 García Ortiz no ha entregado ningún dispositivo «ni en la Oficina de Móviles de la Subdirección General de Calidad de los Servicios Digitales ni a través de la herramienta de la operadora». El fiscal recibió dos móviles durante ese período: el A54 en mayo de 2024, que mantuvo guardado hasta octubre, y un segundo terminal en diciembre.

Cadena de comunicaciones

Los peritos han reconstruido la cadena de comunicaciones de la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se produjo la filtración. Según su análisis, «a las 20:50 la fiscal superior de Madrid llama a García Ortiz, quien a su vez contacta con su jefa de prensa». En ese momento se inició una cadena que involucró también a la fiscal provincial.

Los investigadores han señalado que «se observan llamadas con el fiscal Salto, donde se solicitan correos electrónicos». Aunque no pudieron escuchar las conversaciones, sí revisaron los mensajes de WhatsApp. Los correos llegaron a las 22:01 a la fiscal superior y a la fiscal provincial, excepto uno –el que publicó que se recibió más tarde.

«El correo que finalmente termina filtrándose está en poder del fiscal general del Estado desde las 21:59», ha afirmado un perito ante el tribunal. Ha añadido que «para pedir unos correos uno tiene que tener conocimiento de que están esos correos y más o menos el contenido que dicen». Por tanto, «seguramente mucho antes o minutos antes, no lo podemos determinar, se debe conocer que los correos existen para solicitarlos».

Los peritos han analizado también los mensajes de Juan Lobato, ex líder del PSOE de Madrid. Según los investigadores, el 14 de marzo Pilar Sánchez Acera le envió «el pantallazo» del correo con la confesión de González Amador. «Continente y contenido», ha precisado un agente, insistiendo en que «es el correo tal cual».

Lobato preguntó de dónde venía y Sánchez Acera, según los peritos, «no lo tiene claro». Ella dijo que venía de los medios, pero «en ese momento en los medios no está», ha subrayado. El perito ha añadido su opinión de que si hubiera estado disponible para entonces, «cualquier periódico que hubiera tenido ese correo ya lo hubiera publicado».

Los agentes han distinguido entre dos filtraciones diferentes. «Lo que nosotros vemos son dos filtraciones: el entrecomillado de las 23:51 y después ya, por otro circuito y con otro propósito, es ya todo el correo en sí. Son dos cuestiones diferentes», ha apostillado uno de los peritos.

Volcado integral

Los agentes de la UCO han reconocido que los dispositivos de García Ortiz y de la fiscal provincial Pilar Rodríguez «se copiaron íntegros», a pesar de que el auto del juez Ángel Hurtado establecía límites temporales –los días de la filtración.

«No se puede hacer una copia de filtrado de fechas», ha justificado un agente. La única alternativa habría sido «ir correo a correo», lo que habría llevado semanas.

Los agentes han confirmado que García Ortiz mantuvo «una actitud colaborativa» durante el registro del 30 de octubre. El personal de la Fiscalía General del Estado «estuvo colaborador en todo momento». El fiscal dio el PIN del teléfono sin resistencia y comunicó desde el primer momento que había cambiado de terminal.