El TSJ de Canarias rechaza mantener el toque de queda tras el fin del estado de alarma

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el mantenimiento del toque de queda en las islas y el cierre perimetral con la limitación de entrada y salida de personas en aquellas islas que estén en los niveles 3 o 4 de alerta por coronavirus (ninguna en la actualidad).

Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha ratificado la limitación de un número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado tanto cerrados como al aire libre.

Así, la Justicia Canaria, en la misma línea que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha sentenciado que no existe cobertura legal con el decaimiento del estado de alarma para que, en este caso el Gobierno canario, establezca medidas que limiten la movilidad de las personas, como el toque de queda.

El estado de alarma terminó anoche en toda España después de seis meses y el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que sean los Ejecutivos autonómicos y los tribunales los que decidan sobre la limitación de derechos fundamentales de los ciudadanos para combatir la pandemia.

Un escenario que ha creado disparidad de criterios entre las diferentes comunidades autónomas. Mientras que muchas han optado por directamente retirar el toque de queda, otras como la Comunidad Valenciana o Baleares, han decido, con el aval de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia, prorrogar esa medida.

Fueron miles las personas que salieron ayer a las calles en diferentes ciudades españolas en las que ya no esta vigente el toque de queda para celebrar que, a partir de ahora, podrán salir con libertad de sus casas a cualquier hora de la noche.

Sólo en Madrid, la Policía Municipal intervino más de 450 aglomeraciones, mientras que la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, ha pedido este domingo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que mantenga el toque de queda.

Algo que únicamente podría hacer si cuenta con la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que podría pronunciarse a favor de su mantenimiento -como el balear y valenciano- o en contra -como el vasco y el canario-.