El Supremo tumbará la querella del PP contra el fiscal general por el ‘dedazo’ con Delgado

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo tumbará la querella del PP contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la comisión de un presunto delito de «prevaricación» al ascender a fiscal de sala togada a su ex jefa en el Ministerio Público y ex ministra de Justicia con el PSOE, Dolores Delgado. Fuentes solventes aseguran que los togados consideran que no existe responsabilidad penal en el dedazo de Delgado por lo que tumbarán la querella de los populares. Las mencionadas fuentes señalan que el alto tribunal ya se pronunció sobre este nombramiento a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que anuló la designación de Delgado alegando «desviación de poder».

El pasado 11 de febrero, el PP anunció que presentaría una querella contra el fiscal general del Estado por nombrar a Dolores Delgado fiscal de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en detrimento del fiscal Luis Rueda, especialista en la materia. La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo advirtió que García Ortiz podría haber prevaricado a la hora de colocar a Delgado en la máxima categoría de la Carrera Fiscal debido a su estrecha «relación de afecto». El propio fiscal general del Estado reconoció este vínculo ante el Consejo Fiscal.

Los populares consideran además que el nombramiento de Dolores Delgado en el Tribunal Supremo podría haber tenido como objeto «pagar una deuda de gratitud y propiciar que la anterior fiscal general del Estado se reincorporará a la carrera fiscal en la más elevada categoría aunque no exige previsión legal para ello». En este sentido, el PP cree que la designación de Delgado podría haber estado guiada «a buen seguro, de promesas anteriormente hechas», esto es, devolviéndole el gesto de haber sido nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en el año 2020. Con todo ello, el PP considera que García Ortiz podría haber incurrido en un delito colocando a su mano derecha en el Supremo.

Contrario al Consejo Fiscal

El PP también recuerda en su querella que el nombramiento de Dolores Delgado se realizó en contra del criterio del Consejo Fiscal. La mayoría de los fiscales que componen este órgano del Ministerio Público apoyaron al otro candidato para ocupar esta plaza. Se trata del que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda.

En el documento, el PP subraya que Álvaro García Ortiz reconoció ante el Consejo Fiscal, que conocía cuando propuso a Delgado que dicho nombramiento «carecía de respaldo legal». «Aunque la designación fue hecha por el Consejo de Ministros, la proposición del señor García tenía carácter decisivo», remarca el querellante.

En este punto, destaca el PP, es prueba de la «arbitrariedad» de la decisión de García Ortiz al apartarse del parecer del Consejo Fiscal, fue que «lo hizo sin ningún esfuerzo argumentativo, sin respaldo normativo y sobre la base de unos argumentos ajenos a la jurisdicción correspondiente, basados exclusivamente en su obstinación personal».

Recursos en el Tribunal Supremo

Si bien el PP ha decidido acudir a la jurisdicción penal, los hechos evidenciados en su querella fueron enjuiciados en una sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo. Lo hicieron a raíz de un recurso interpuesto por Luis Rueda -el contrincante en la plaza que acabó ocupando Delgado- en el que denunciaba la designación.

Los magistrados del Tribunal Supremo admitieron el recurso y fallaron el pasado 21 de noviembre de 2023 que existió «desviación de poder» por parte de García Ortiz en el ascenso de Delgado y anularon el nombramiento. Luis Rueda le ganó la batalla. Fue entonces cuando la que fuera ministra de Justicia del PSOE tildó la decisión judicial de «injusta» y avisó de que la recurriría en amparo ante el Tribunal Constitucional. «Voy a pelear hasta mis últimas fuerzas», expresó Delgado tras conocer el fallo del Supremo.

En medio de este embrollo judicial sobre su nombramiento como fiscal de Sala de lo Militar, Dolores Delgado fue colocada en la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esta designación también ha sido recurrida por la Asociación de Fiscales (AFE), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez (uno de los otros tres aspirantes). El Tribunal Supremo aún tiene pendiente pronunciarse sobre este recurso.