El Supremo insta a la Fiscalía a retratarse sobre los socios de Sánchez por calumniar a los jueces

El Tribunal Supremo pregunta a la Fiscalía si debe investigar a la líder del partido socio del Gobierno de Pedro Sánchez, Ione Belarra, por un presunto delito de calumnia contra los magistrados del Alto Tribunal. La ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030 acusó a los jueces de «prevaricar», por la sentencia que inhabilitó al podemita Alberto Rodríguez condenado por patear a un policía.

De este modo, el Supremo da traslado al Ministerio Fiscal de la querella presentada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa contra la ministra Belarra por hasta cinco delitos de calumnias con publicidad a autoridad en el ejercicio de su cargo (un delito de calumnia por cada uno de los cinco magistrados que acordaron la condena a Rodríguez), y un delito contra las instituciones del Estado.

Acusó a los jueces de prevaricar

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acatando la sentencia del Supremo, retiró el acta al ex diputado podemita condenado a un mes y medio de prisión e inhabilitación especial por patear a un Policía Nacional durante las protestas contra la ley Wert que se produjeron en Canarias en 2014. Tras esta resolución, todo Podemos pasó al ataque contra los jueces. La líder del partido morado mostró su indignación en un mensaje a través de sus redes sociales. «Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí [en la trifulca con los policías]. El objetivo era quitarle el escaño», manifestó sobre la sentencia condenatoria.

Se trataba de una acusación sin precedentes por parte de un miembro del Gobierno contra una institución del Estado. Las manifestaciones fueron de tal gravedad que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció públicamente al respecto.

El órgano de gobierno de los jueces salió al paso de las acusaciones de Belarra con mayor rotundidad que en otras ocasiones, puesto que la ministra atribuyó «la comisión de un delito» a sus magistrados, una afirmación que «excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión».

«Máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable», señalaba el CGPJ en su comunicado.

La asociación que presentó la querella hizo una defensa de la actuación judicial del Tribunal Supremo que califica de «impecable». A su juicio, este órgano se ha limitado a aplicar la Ley y una «consolidada jurisprudencia en la apreciación de la prueba y en la ejecución de las sentencias».

La Fundación Foro Libertad y Alternativa señaló que las declaraciones de la ministra formaban parte de una «actuación conjunta» por parte de Unidas Podemos con el objetivo de «erosionar las instituciones y debilitar los controles previstos al poder político, con objeto de alterar el sistema democrático liberal y dirigirlo hacia el colectivismo estatalista».

Añadió: «La formación morada ha atacado a varios órganos constitucionales como el Tribunal Supremo, el Constitucional, el de Cuentas y a la Monarquía entre otros».