El Tribunal Superior de Cataluña abre juicio oral contra Torra por desobediencia a la Junta Electoral

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decretado este viernes la apertura del juicio oral contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia por no haber acatado la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat.

El auto del TSJC, recogido por Europa Press, declara la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del tribunal para llevar a juicio la acusación de la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox.

Torra declaró el 15 de mayo ante el TSJC por esta causa, donde admitió haber desobedecido.

Según el auto, durante el periodo electoral de las generales del 28 de abril la Generalitat, presidida por Torra, exhibía «públicamente y de forma permanente» esteladas y lazos, y carteles donde pedían la libertad de los ‘presos políticos’ en la fachada del Palau, en las consellerias, en las delegaciones y servicios territoriales.

Señala que estos símbolos son considerados propios de unos partidos políticos y ajenos a otros que se oponen a ellos, de forma que, según reiterados acuerdos de la JEC refrendados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «se consideran partidistas, por lo que no pueden ser exhibidos por las Administraciones y por los poderes públicos durante los periodos electorales, sin infringir gravemente su deber de objetividad y de neutralidad».

En su escrito, el juez relata cómo Torra no retiró los símbolos pese a dos acuerdos de la JEC en que lo ordenaba, de 11 y 18 de marzo, y que no fue hasta el día 21 que fueron retirados tras ordenarse a los Mossos d’Esquadra que procedieran a retirarlos.

Torra declaró el 15 de mayo ante el TSJC por esta causa, donde afirmó: «Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos».

Además, explicó que no dictó la orden de retirar los símbolos porque consideró: «Era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que no era competente en absoluto, no era una autoridad competente superior a mí».

Vox, acusación popular en la causa contra el presidente de la Generalitat,  pide condenar al presidente con una inhabilitación de cargo público de dos años y una multa de 72.000 euros.

En un comunicado, el partido que lidera Santiago Abascal ha precisado que esta inhabilitación sería tanto para el ejercicio de funciones de gobierno como para cualquier otro cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo durante este plazo de 24 meses.

Vox argumenta que «la gravedad de los delitos estriba en la obstinación del presidente de la Generalitat en incumplir la legalidad» por la utilización de símbolos partidistas y por desatender las resoluciones que dictó la Junta Electoral Central los días 11, 18 y 19 de marzo.

Ha defendido que sus acciones contra Torra son para abanderar, tanto desde los tribunales como desde el Congreso, «la defensa de España y de la legalidad en Catalunya, poniendo para ello todos los recursos y esfuerzos que sean necesarios».