Marlaska obliga a la Guardia Civil a combatir al narco con barcos obsoletos: la mitad está para el desguace

El Tribunal de Cuentas ha señalado al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska por forzar a la Guardia Civil a utilizar barcos «más allá de su vida útil». Esta situación «limita su operativa» en materia de vigilancia marítima, entre cuyas medidas está la lucha contra el narcotráfico o la inmigración ilegal, como denuncia el órgano fiscalizador de las cuentas públicas.

«El Servicio Marítimo de la Guardia Civil afronta una situación en la que, a principios de 2025, el 47% de las embarcaciones estaban operando más allá de su periodo teórico de vida útil», se expone de forma explícita en el Informe de Fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Los datos son demoledores, ya que en algunos tipos de embarcaciones, una gran mayoría de ellas han superado el tiempo que deberían estar funcionando. «En una categoría de embarcaciones, imprescindible para el desarrollo de la vigilancia, el 83% de las naves en servicio han superado su periodo de vida útil», expone el informe del Tribunal de Cuentas.

A ojos del mismo, esta situación ha provocado «un porcentaje de inoperatividad muy elevado (que supera el 40% en 2024 y el 50% en las unidades de esa categoría)». Es decir, que casi una de cada dos naves no ha podido usarse en el pasado ejercicio para los fines exigidos.

Más problemáticos, menos eficientes

Pero este tipo de barcos antiguos genera más dificultades en la Guardia Civil, como «problemas mecánicos de las naves», además de un «incremento de los costes de mantenimiento». Este impedimento costó 15,6 millones de euros en 2023 a las arcas públicas. Las embarcaciones en ese estado también «son menos eficientes en el consumo de combustible», lo que supuso un coste de 9,6 millones.

El órgano fiscalizador de las cuentas públicas señala implícitamente la falta de Presupuestos Generales del Estado como otro obstáculo para asegurar unos medios con el nivel adecuado. Y es que considera que la ausencia de «previsión presupuestaria», algo que viene precedido de que no se hubieran presentado cuentas públicas desde 2023, hizo que la contratación de nuevas naves fuera «extremadamente compleja».

Concretamente, se refiere a los servicios auxiliares a la flota oceánica. En esa tipología concreta, «se sucedieron siete contratos tramitados por el procedimiento de emergencia por un importe total de 18,76 millones de euros». Esto, tal y como señala el Tribunal de Cuentas, «no es una práctica acorde con el marco normativo de la contratación».

Por todo ello, el órgano revisor de los gastos advierte que la adquisición de nuevas embarcaciones para Guardia Civil y Policía Nacional «depende de recursos extraordinarios y, con frecuencia, externos», como los instrumentos financieros de la Unión Europea.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas concluye que «la dotación ordinaria de los créditos de inversiones no permite financiar estas inversiones», ya que «corresponden con las más costosas de los elementos de transporte».

En su documento, el órgano fiscalizador admite que «también se operan embarcaciones, generalmente lanchas, procedentes de actividades delictivas con autorización de los órganos jurisdiccionales». Por ejemplo, las «embarcaciones semirrígidas o motos náuticas». Sin embargo, tienen «escasa capacidad para suplir las necesidades operativas de las misiones».

«Condiciona la operatividad»

«Esta realidad condiciona la operatividad de la Policía Nacional y la Guardia Civil», expone el informe de este organismo. «Con frecuencia se operan unidades al límite de su capacidad operativa», advierte, para añadir que «una proporción de su tiempo de servicio se destina a misiones del agente financiador realizadas en áreas ajenas a las aguas territoriales o de interés directo de España».

Por todo ello, concluye que la «antigüedad y el consiguiente estado de las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil están limitando su capacidad operativa».

En definitiva, el Tribunal de Cuentas «sugiere diseñar un plan de renovación de la flota de embarcaciones y aeronaves asignadas a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para mantener las flotas operativas sin superar su vida útil».  Y pide que se utilice, preferentemente, la financiación «con cargo a los créditos consignados en la Sección del Ministerio del Interior de los Presupuestos Generales del Estado». Es decir, que no se haga depender de recursos externos o fondos europeos, que son más difíciles de programar.