Ley de Igualdad

El Tribunal de Cuentas abronca al ‘feminista’ Sánchez por saltarse la igualdad en la Seguridad Social

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José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social

La ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, uno de los mantras del Gobierno del feminista Sánchez, no ha conseguido en tres lustros traspasar los muros de la Seguridad Social, según denuncia el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización publicado recientemente.

El órgano fiscalizador indica, en su detallado trabajo de 164 páginas, dedicado a la Gerencia Informática de la Seguridad Social (GISS), que después de 14 años de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres «continúa sin aprobarse el Real Decreto por el que ha de regularse el protocolo de actuación sobre medidas relativas al acoso sexual o por razón de sexo recogido en el artículo 62 y en la Disposición final sexta de dicha Ley Orgánica».

Asimismo se constata que el organismo público que dirige el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social a cuyo frente está el ministro José Luis Escrivá «no dispone de un plan de formación anual entre cuyos objetivos específicos se encuentre la celebración continuada, como un objetivo transversal, de acciones formativas relacionadas con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres»

Servicio infradotado

La propia GISS ha manifestado que el servicio de formación de dicho servicio común «se encuentra infradotado y por ello no tienen capacidad para elaborar un plan de formación para todo su personal, requiriendo por ello del apoyo externo de una empresa contratada para el asesoramiento en esta materia». O dicho de otra manera, el Gobierno con más ministerios, cargos y asesores de la historia de España tiene que recurrir a la iniciativa privada para cumplir con sus obligaciones.

El Tribunal de Cuentas también constata en su informe que «la representación de las mujeres en los comités internos creados por la GISS no alcanza el porcentaje del 40% previsto en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007»

Asimismo el Tribunal señala que la Gerencia Informática de la Seguridad Social «no ha efectuado ningún tipo de actuación tendente a la adaptación, en dicho servicio común, del modelo de protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella, así como tampoco a la aprobación de instrucciones, procedimientos de trabajo u otro tipo de herramientas internas que garanticen la aplicación de dicho protocolo, incumpliendo de esta forma lo establecido en la Disposición final de dicha Resolución».

Para más inri, se constata que la publicación de la información sujeta a las obligaciones de transparencia obligatoria, efectuada por la GISS, «no se encuentra adaptada a los requisitos exigidos por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al no disponer de un sitio web propio, provocando que la información de este servicio común se encuentre comprendida a nivel de sistema de Seguridad Social y, en consecuencia, no sea clara, estructurada y entendible por los interesados»

Reprocha también, el Tribunal de Cuentas al Gobierno que, a pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 19/2013, «aún no se ha procedido al desarrollo reglamentario recogido en su artículo 10.1, donde se regule el procedimiento e información a publicar en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado».

Finalmente el órgano fiscalizador insta al ministerio de Escrivá  a «adoptar las medidas necesarias para impulsar la aprobación del Real Decreto por el que se regule el protocolo de actuación sobre medidas relativas al acoso sexual o por razón de sexo recogido en el artículo 62 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, garantizando de esta forma la efectiva implantación de dicho protocolo en la Administración pública».

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