Tres mujeres juristas desmotan el ‘sólo sí es sí’ de Montero: «Obliga al hombre a una defensa diabólica de su inocencia»

Mal redactada, precipitada, inexacta, inaplicable… Son algunas de las perlas con las que el mundo político ha calificado a la Ley de Libertades Sexuales que la ministra de Igualdad, Irene Montero, presentaba este martes en el Consejo de Ministros como paso previo al trámite de debate y votación parlamentaria.

Desde el ámbito jurídico las críticas han sido rigurosas, objetivas y técnicas pero no más benévolas. Tres juristas han analizado para OKDIARIO el texto del anteproyecto de ley que la número dos de Podemos ha querido lanzar como golpe de efecto desde su Ministerio antes del 8M.

Cristina Dexeus (fiscal)

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, es tajante con una norma que no le convence: «La reforma penal que incluye no era necesaria, o al menos no imprescindible, porque no aporta nada nuevo que no estuviese ya previsto. La ausencia del consentimiento en las relaciones sexuales se recoge en el Código Penal desde hace tiempo». «El término violación ya estaba incluido» y, por si fuera poco, «reduce los castigos actuales. En algunos ejemplos la pena supuestamente agravada coincide con la mitad inferior de la del delito base. Es extrañísimo», añade.

En lo que afecta al trabajo de los fiscales «no arregla para nada el problema de la prueba que, en estos casos, es muy complicado por el tipo de lugares en los que se comete el delito y porque suele producirse en la intimidad. Para nosotros sería muy fácil y cómodo creer a la mujer porque sí, pero hacen falta más datos para acusar y condenar a alguien. En esencia, esta ley no resuelve ninguna de las dificultades de nuestro día a día profesional», asegura Dexeus.

«¿Cómo se va a castigar igual una agresión, un abuso con penetración o un tocamiento de culo?», se pregunta la penalista Bárbara Royo

Además, la ley es «farragosa» porque «castiga al mismo tiempo las agresiones, los abusos, la intimidación ambiental o un tocamiento de culo», apunta la fiscal, «cuando lo lógico es castigar cada comportamiento con su pena correspondiente, no todos por igual». «Hasta 15 años por algunas agresiones sexuales, al nivel de alguien que mata a otra persona. ¿De verdad merecen el mismo castigo? Es un retroceso para la seguridad jurídica», concluye la presidenta de la Asociación de Fiscales.

Dexeus no pasa por alto «el desorden» de esta ley donde «hay declaraciones que son más propias de una exposición de motivos que de un articulado, donde se entremezclan cuestiones que deben ser reformadas por Ley Orgánica con otras que no, o donde hay materias que invaden la Ley de Protección Integral de la Violencia de Género o el Estatuto de la Víctima». Críticas en la misma línea que plantea el informe técnico del propio ministro de Justicia.

Natalia Velilla (magistrada)

La magistrada Natalia Velilla cree que «la solución a las violaciones no va a venir de la mano de más Código Penal, donde las relaciones sexuales no consentidas están reguladas desde siempre, en todas sus versiones». La polémica que se ha creado entorno al ‘sí es sí’ -que surge con el caso de ‘La Manada’ de Pamplona- es «artificial» para la juez Velilla. «Los jueces consideraron que la víctima no había prestado su consentimiento, por eso se condenó al grupo», explica.

«Lo que no puede pretenderse es que el consentimiento expreso en algo tan íntimo como las relaciones sexuales se plasme por escrito», apunta la magistrada. «Al final siempre va a ser un juez quien decida si lo hubo o no. Incluso aunque se haya dado un consentimiento expreso habrá que valorar, y será siempre un juez el encargado de hacerlo, cómo se dio. Si fue libre de verdad o no», señala. «Encorsetar el consentimiento en una ley sólo va a complicar más las cosas en los procedimientos judiciales», lamenta.

Por otra parte, pasar a llamar «violación» a todo tipo de agresión o abuso sexual no es ninguna reforma legal profunda. «Quizás sea más comprensible en la calle, pero para los jueces o los fiscales es un mero cambio de nomenclatura», apunta Velilla.

Bárbara Royo (penalista)

La abogada penalista Bárbara Royo considera que el planteamiento del consentimiento de la mujer en el anteproyecto de Ley de Libertades Sexuales es «una auténtica barbaridad». No sólo porque «invierte la carga de la prueba» -que es un «principio básico en el derecho penal moderno» y en cualquier Estado de Derecho «corresponde a quien acusa»- sino porque lo que pretende Irene Montero es, además, que «el acusado pruebe un hecho negativo. Es decir, pruebe que no hizo lo que la mera palabra de una mujer asegura que sí hizo».

«¿Y cómo va a valorar el juez las pruebas en situaciones en las que la valoración de la prueba depende de dos versiones distintas de los implicados, sin testigos, ni otras pruebas físicas?». «Lo del consentimiento no explícito es una aberración y una gilipollez», añade Royo.

Para la abogada es muy grave que «los políticos jueguen al derecho penal de excepción, en una parcela de la criminalidad, la sexual, que ni es más peligrosa, ni más numerosa que otras, con la única intención de ganar votos». «No hay más violadores ahora que hace 20 ó 30 años. Intentar acabar con los violadores a base de condenar sin pruebas a cualquier ‘españolito’ que no consiga demostrar que es inocente, como pretende la ministra Montero, es una utopía infantil», concluye la experta penalista.