Torra tendrá que declarar como investigado por desobediencia el próximo día 15
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, tendrá que prestar declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a raíz de la denuncia de la fiscalía por no retirar el lazo amarillo contradiciendo a la Junta Electoral Central.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, tendrá que declarar el próximo día 15 de mayo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), investigado por un delito de desobediencia, según han explicado fuentes jurídicas a OKDIARIO. Torra tendrá que prestar declaración en el TSJC a raíz de la denuncia que presentó la fiscalía contra él, por negarse a cumplir la resolución de la Junta Electoral Central que le obligaba a retirar el lazo amarillo del balcón del Palau de la Generalitat en un tiempo determinado.
Agotado el segundo plazo que le había otorgado la JEC, la pancarta continuaba colgada en la fachada del edificio, sede de la presidencia de la Generalitat, lo que motivó a una denuncia del grupo parlamentario de Ciudadanos y a la posterior apertura de diligencias por parte de la fiscalía. El juez entendió que del comportamiento de Quim Torra se podía desprender un delito de desobediencia, por lo que fue formalmente investigado con el fin de garantizar su derecho de defensa, ya que deberá declarar acompañado de un abogado.
Tras su declaración ante el juez instructor del TSJC, este decidirá si continúa adelante la causa contra el jefe del ejecutivo catalán, pese a que posteriormente sí ha cumplido con los requerimientos de la Junta Electoral Central, aunque a regañadientes y desafiando en más de una ocasión, al órgano regulador de los procesos electorales.
Esta será la primera vez que un presidente de la Generalitat en activo sea acusado de un delito de desobediencia y tenga que prestar declaración como investigado, ya que cuando Carles Puigdemont fue llamado a declarar en la Audiencia Nacional -aunque se fugó y no lo hizo- este ya había sido cesado del cargo en aplicación del artículo 155 de la Constitución. El delito que se le imputa a Quim Torra podría inhabilitarle para el ejercicio de cargo público, como ya ocurrió con la alcaldesa de Berga, Montse Venturós (CUP), que fue apartada durante seis meses de su cargo por no quitar una estelada del balcón consistorial contradiciendo también a una resolución de la JEC.
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