Torra no quiere más jueces del Estado: paraliza la apertura de 6 nuevos juzgados en Cataluña

El Govern de la Generalitat no quiere más jueces del Estado en Cataluña. Y por ello, el Departamento de Justicia de la Generalitat ha paralizado 6 de los 8 nuevos tribunales de primera instancia e instrucción aprobados por el Gobierno para desatascar la administración judicial en la región.

En concreto, tendrán que esperar los juzgados número 60 de Barcelona y 8 de Reus, el juzgado de primera instancia e instrucción número 8 de Arenys de Mar y el número 6 de Vic, el juzgado de lo social número 3 de Tarrasa y el juzgado de lo mercantil número 12 de Barcelona.

La creación de las nuevas unidades judiciales se aprobaba, a comienzos del pasado año 2019, para atender «a la carga de trabajo existente» en diferentes juzgados de toda España, con especial urgencia en Cataluña.

El real decreto dispuso la creación de setenta y tres nuevas salas, «mediante la creación y constitución de cincuenta y un nuevos juzgados, la dotación de una plaza de Magistrado en el Tribunal Superior de Justicia» de las Islas Baleares y de 21 plazas de magistrado en diferentes Audiencias Provinciales.

Sin embargo, el Ejecutivo de Quim Torra no ha cumplido con la parte del trámite de creación de las nuevas salas judiciales que depende en exclusiva del Gobierno catalán, dado que la Comunidad autónoma tiene plenamente transferidas las competencias de la administración de Justicia. Esto es, corresponde a la Generalitat la facultad de proporcionar las instalaciones y el personal no judicial necesarios para el correcto funcionamiento de los tribunales.

Un funcionamiento que Torra ha dificultado bloqueando, del único modo posible, la apertura de 6 de los 8 nuevos juzgados presupuestados para Cataluña.

El Tribunal Constitucional fijó los límites de la Generalitat en materia Justicia en un fallo unánime según el cual la Constitución otorga al Estado español «la competencia exclusiva en materia de administración de Justicia», sin perjuicio de que el Gobierno autonómico catalán pueda regular y gestionar «el personal no judicial» y los medios materiales a disposición de los tribunales.

Este último resquicio es el que ha utilizado ahora Torra para dejar de manifiesto, una vez más, que no quiere jueces independientes. Y mucho menos si están vinculados al Estado español.

El bloqueo de Torra se suma a las dificultades que el Govern independentista pone a jueces y magistrados para ejercer en Cataluña, según los cuales el «hostigamiento» institucional al que se ven sometidos desde la Generalitat de Cataluña está detrás del 10% de las plazas vacantes que la Administración de Justicia acumula en la comunidad autónoma.