Torra encarga un informe a la subvencionada ONG del catalán para expulsar el español de la Sanidad

Tres años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulara los preceptos más importantes del protocolo de usos lingüísticos en la Sanidad catalana, el gobierno de Quim Torra prepara una nueva ofensiva para expulsar el uso del español en los centros y los hospitales de la Sanidad pública.

La ofensiva presenta como avanzadilla un informe de la autodenominada ‘Plataforma per la Llengua’, también conocida como la ONG del catalán, que la Generalitat apadrina y subvenciona para justificar después sus políticas lingüísticas.

Bajo el título Reanimar el catalán. Datos y propuestas para mejorar la situación de la lengua en el ámbito sanitario en Cataluña, el estudio de la Plataforma se plantea tres objetivos: conocer el perfil lingüístico de los pacientes, investigar la vinculación entre los usos lingüísticos del personal del ámbito de la salud y los usos lingüísticos de los usuarios y, por último, estudiar la valoración de la atención lingüística en el ámbito de la salud.

Tres objetivos que sirven de pretexto para extraer las conclusiones y recomendaciones que el Govern de Torra quiere escuchar. Así, la Plataforma financiada por la Generalitat concluye en primer lugar que el idioma empleado por los profesionales de los centros y hospitales «determina fuertemente» el empleado por el paciente y sus familiares. Tres de cada cuatro usuarios usarían el catalán si fuera el idioma utilizado en exclusiva por los médicos y enfermeros, asegura el informe.

Un lamento

La segunda conclusión es un lamento: el castellano tiene una capacidad de fidelización más elevada que el catalán, ya que «el número de catalanohablantes que hablaría en castellano con el médico, si éste hiciera un uso exclusivo de esta lengua, es superior al de los castellanohablantes que emplearían el catalán».

En este mismo sentido, los autores del informe también han concluido que «el porcentaje de la población que utilizaría el castellano independientemente de la lengua que hablara el médico es el doble que la del catalán» (22,9% en el primer caso y 11,3% en el segundo).

El estudio de la Plataforma per la Llengua extrae las dos conclusiones que necesitaba antes de plantear sus reivindicaciones:
1. Las expectativas de los catalanohablantes de ver respetados sus derechos lingüísticos son mucho más bajas que las de los hablantes de castellano.
2. Un porcentaje de catalanohablantes valora positivamente la atención lingüística recibida porque es entendido por el personal médico, «lo que significa que ya ha renunciado a ser atendido en catalán».

Puesto que el objetivo político del informe es «reanimar el catalán», la Plataforma lanza hasta nueve exigencias al Govern de la Generalitat para evitar que la sentencia del TSJC «no perjudique más al catalán», después de que en 2016 anulara los dos protocolos de uso lingüístico más conflictivos: que la lengua de comunicación entre el personal ha de ser la catalana y que, en las conversaciones con los usuarios de los servicios sanitarios, los trabajadores las mantendrán en catalán, independientemente de que la inicie uno u otro y de la lengua que utilice el interlocutor.

Cursos y control

La Plataforma per la Llengua exige, en primer lugar, avanzar hacia la plena capacitación lingüística del personal que trabaja en la Sanidad, por lo que «se recomienda» la puesta en marcha de «cursos de formación en gestión lingüística entre el personal que atiende al usuario en el ámbito de la salud».

El informe insta a la Generalitat a «difundir la importancia de no desempatar hacia el castellano en grupos multilingües. Conviene asegurar que el catalán es también una lengua de uso normal en las formaciones en grupo».

Propone también «aumentar los mecanismos de control de las directrices que se dan en usos lingüísticos en aquellos centros de salud con participación pública, pero sin control directo del Institut Català de Salut».

Y aconseja al Govern justificar las nuevas medidas de fomento de la lengua catalana «como actuaciones explícitas de fomento para evitar impugnaciones».