Susana Díaz pacta con C’s la desaparición del impuesto de sucesiones para el 95% de los andaluces

El PSOE y Ciudadanos han alcanzado este miércoles un acuerdo para la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía que permitirá la casi eliminación de este gravamen y garantiza los presupuestos de 2018, al contar con el apoyo de la formación naranja para sacar adelante las cuentas.

El acuerdo supone situar el mínimo exento de padres a hijos en sucesiones en un millón por heredero, lo que supondrá que el 95% de los andaluces no tenga que pagar este impuesto, mientras del impuesto de donaciones quedarán exentas las de 1 millón de euros de padres a hijos con la condición de que éstas vayan dirigidas a crear empresas o puestos de trabajo.

Además, la reforma fiscal implica también incrementar las reducciones autonómicas ya existentes de las bases imponibles de contribuyentes herederos con discapacidad, con lo que el impacto para las arcas andaluzas de las tres medidas supondrá unos 90 millones de euros, según el acuerdo.

La exención de un millón de euros por heredero es la línea roja que ponía Ciudadanos para alcanzar un acuerdo presupuestario similar al que se cerró con el PSOE para 2016 y 2017.

Primer gobierno con presupuesto de 2018

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha destacado que tras este acuerdo la Junta es la primera administración que garantiza sus cuentas para 2018, por lo que tiene «estabilidad y horizonte despejado» para que el próximo año sea «de crecimiento y recuperación de derechos», con la creación de empleo como prioridad.

Díaz ha dicho que «ya no hay excusa» con el impuesto de Sucesiones y ha defendido que con este mínimo exento se cumple lo que dijo en el Parlamento, que «lo pagarían los millonarios».

El líder andaluz de Ciudadanos (C’s), Juan Marín, ha asegurado que el acuerdo alcanzado supone el «certificado de muerte» de este gravamen impositivo y ha destacado que Andalucía «deja de ser» la comunidad en la que más impuestos se pagan.

«En Madrid, hoy, por 900.000 euros de herencia se pagan 9.000 euros. En Andalucía con esta reforma se pagarán cero euros», ha enfatizado Marín, que ha recordado que las medidas pactadas entrarán en vigor a principios de 2018, junto el nuevo presupuesto.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, se ha pronunciado en la misma línea que Díaz y ha defendido que «solo pagarán» el impuesto los que reciban una herencia millonaria y lo sean.

Ha explicado que el impacto en las arcas públicas es compatible con el objetivo del Gobierno andaluz de reforzar los servicios públicos esenciales (Sanidad y Educación), garantizar la igualdad y permitir que la recuperación y crecimiento económico llegue a las clases medias y trabajadoras.

El PP, dispuesto a negociar

El líder del PP en Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado el acuerdo sobre el impuesto pero ha pedido que se bonifique al 99% este gravamen a familiares directos y que se establezca un exento mínimo que incluya a hermanos y sobrinos.

Moreno ha asegurado que la presidenta andaluza contará con el apoyo del PP en los próximos presupuestos si acepta eliminar este impuesto, por lo que se ha mostrado «dispuesto a hablar» para lograr «una mayoría abrumadora parlamentaria».

Podemos Andalucía ha señalado que el acuerdo presupuestario pone de manifiesto que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, está en el «ala más a la derecha del PSOE» y ha criticado la «rendición» del Gobierno de Susana Díaz ante la demanda de Ciudadanos sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En materia presupuestaria, según ha desvelado la consejera, las cuentas de 2018 presentarán un crecimiento «notable» en partidas como la Sanidad, con un 5% más (unos 465 millones), Atención Temprana (44%), Educación (3,3%), Dependencia (2,2%) e Igualdad y Políticas Sociales (7%), en el que destacan los 198 millones consignados para la renta mínima de inserción.

Otros apartados que aumentarán en el presupuesto, cuya cuantía total no ha sido precisada por la consejera, serán el asociacionismo agrario, el refuerzo del personal en la administración de Justicia o las inversiones en infraestructuras.

La consejera ha confirmado, por otra parte, que las cuentas de 2018 contemplan la aplicación de las 35 horas semanales, actualmente recurridas por el Gobierno central, y ha advertido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que Andalucía «no dará un paso atrás» en esta demanda ni «facilitará» el despido de empleados públicos, unos 7.000, ha acotado.