El Supremo resignado: levantará la orden de detención contra Puigdemont en cuanto la amnistía llegue al BOE

El Tribunal Supremo levantará la orden de detención contra Carles Puigdemont en cuanto la Ley de Amnistía se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO confirman, tras leer las enmiendas del PSOE y Junts, que no queda más remedio que levantar las medidas cautelares contra el ex presidente catalán, es decir, la orden de detención por la cual no puede volver a España. «El objetivo era juzgar a estas personas, no que jueces acaben en la cárcel», dejan caer voces expertas.

Ya con la redacción inicial de la proposición de Ley Orgánica, estas fuentes ya consideraban que no cabía mantener la orden de detención. No obstante, aunque no se le pueda detener, se le podría llamar a declarar y, de todas formas, el caso judicial pasará a la Sala de lo Penal que presentará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para, antes de ver si hay que archivar la causa del procés, que la corte europea decida si la ley con la que Pedro Sánchez ha conseguido revalidar la presidencia del Gobierno encaja o no en el Derecho comunitario.

«Que cada palo aguante su vela», comentan fuentes jurídicas. Los jueces del Supremo entienden que tienen que cumplir las leyes en vigor y no están dispuestos a enfrentarse a un delito de prevaricación por, precisamente, perseguir otros delitos. Puigdemont ha usado su fuerza de negociación en la investidura de Pedro Sánchez y ha conseguido su objetivo. Podrá volver, tal como esgrimen las fuentes consultadas, tras la aprobación de la norma en las Cortes y la publicación en el BOE.

Las enmiendas del PSOE y Junts no modifican la hoja de ruta prevista por el Supremo. Las modificaciones que se votarán ahora se impulsan para «mostrar músculo» y para «presumir», pero el Alto Tribunal ya entendía que las medidas cautelares para detener a Puigdemont deberían retirarse con la redacción inicial. Lo primero para que haya esa detención es tener un pronóstico delictivo.

Cabe recordar que la euroorden de detención y entrega no se llegó a reactivar tras el fallo del 5 de julio del Tribunal General de la UE (TGUE) que confirmó la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al ex presidente catalán. Pablo Llarena, el juez instructor del Supremo, esperaba a saber si Puigdemont había pedido medidas cautelares ante la Justicia europea, pero el político catalán no respondió. Era inútil reactivar la euroorden si Puigdemont inmediatamente confirmaba que había requerido las cautelares.

Tras la retirada de la orden de detención en España por parte del Supremo, Puigdemont podrá pasearse por España e incluso visitar a Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa. No obstante, aunque no pueda ser detenido, queda por saber qué pasa con la causa judicial. Se elevará a la Sala de lo Penal y será esta instancia –antes de decidir si archiva, pide investigar más o abre juicio–, la que previsiblemente presente una cuestión prejudicial ante el TJUE para resolver si la ley de Sánchez y Junts es conforme a las normas europeas. Como telón de fondo está que borra delitos de terrorismo en instrucción y de malversación y va contra la igualdad que consagran los tratados de la UE. En ese punto, el procedimiento judicial quedará suspendido. La Ley de Amnistía estará en vigor con plena aplicabilidad, pero los jueces del Alto Tribunal esperarán a archivar las causas a escuchar la postura del tribunal de Luxemburgo.

Los independentistas alegarán los dos meses de plazo que marca la Ley de Amnistía para extinguir todas las causas y borrar las responsabilidades penales, administrativas y contables. Sin embargo, las normas del TJUE consagran que los jueces deberán esperar a su resolución para dar nuevos pasos en sus casos. Más aún, teniendo en cuenta que los archivos judiciales podrían tener efectos difícilmente reparables si Europa dice que la Ley de Amnistía no es legal. Por tanto, las penas de inhabilitación de los condenados del procés seguiría en vigor y no podrían presentarse a las elecciones catalanas o europeas.

Por otra parte, además del caso del Supremo por el referéndum ilegal, Puigdemont está investigado en la Audiencia Nacional por terrorismo. El magistrado Manuel García-Castellón ha elevado una exposición razonada para que la causa la asuma el Supremo. La Sala de lo Penal ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes para que se posicionen. No obstante, si Puigdemont sigue aforado ante el Europarlamento, ese caso también acabará en el Alto Tribunal. Todo ello a no ser que la Audiencia cambie de criterio y considere que no hay pruebas suficientes para atribuir al ex presidente catalán la coordinación del grupo violento Tsunami.

No se descarta que Puigdemont, para curarse en salud, cuando esté próxima la resolución sobre la Ley de Amnistía del TJUE –que suele tardar de media 15 meses en estudiar un asunto– o la del Tribunal Constitucional vuelva a Waterloo (Bélgica) para evitar su detención en España si se tumba la ley.