El Supremo divide el caso de la ‘trama Cerdán’ en dos piezas para abrir el primer juicio en breve

El magistrado instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado este martes la apertura de una pieza separada en el caso Koldo para investigar de forma independiente las adjudicaciones fraudulentas de obra pública. La medida busca agilizar la instrucción de los hechos relacionados con los contratos de mascarillas durante la pandemia, que permanecerán en la causa principal.

La nueva pieza separada se centrará en «la indebida adjudicación de obra pública a cambio de precio» en el ámbito del Ministerio de Transportes. Esta investigación incluye presuntas irregularidades en contratos adjudicados a través de ADIF y la Dirección General de Carreteras.

En esta segunda pieza han quedado como investigados José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama, Santos Cerdán y los empresarios José Ruz Martínez, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera y Antxon Alonso Egurrola.

La causa principal mantendrá únicamente como investigados a Ábalos, Koldo García Izaguirre y Aldama. Se centra en los contratos de mascarillas y otras gestiones de intermediación durante la emergencia sanitaria. «Se atribuye, primeramente y en síntesis, al aforado, José Luis Ábalos Meco, que, en connivencia con quien fuera uno de sus asesores, el también investigado en esta causa especial don Koldo García Izaguirre», actuaron para favorecer adjudicaciones irregulares.

El punto de inflexión de la investigación se produjo el 5 de junio de 2025 con la presentación de un informe policial que revelaba la existencia de grabaciones comprometedoras. El auto describe cómo fueron «halladas sendas grabaciones de audio que indiciariamente ponen de manifiesto» irregularidades en adjudicaciones públicas.

Las grabaciones, encontradas en dispositivos incautados a Koldo García Izaguirre, contienen más de diez terabytes de información. El magistrado explica que «cada uno de ellos permite conservar, aproximadamente, 250.000 fotografías, 250 películas o seis millones y medio de páginas escritas», lo que justifica el tratamiento secuencial de los datos.

En estas conversaciones aparece como figura clave Santos Cerdán, quien según los indicios recogidos habría recibido y distribuido pagos relacionados con obras adjudicadas a la empresa Acciona Construcción. «No otra cosa puede colegirse, en términos de razonabilidad, de las demandas que Koldo García efectuaba a aquél para que le abonara las cantidades debidas», señala la resolución.

El caso tiene sus antecedentes en una denuncia de un particular presentada en 2022 ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. La querella inicial se dirigía contra Koldo García y Aldama, entre otros, por «posibles delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública».

La competencia del Supremo se activó en noviembre de 2024 tras una exposición razonada del Juzgado Central de Instrucción número 2, que consideró necesaria la intervención del alto tribunal por la condición de aforado de Ábalos como diputado. El Congreso levantó su inmunidad parlamentaria en enero de 2025.

La decisión del instructor busca evitar la dilación procesal que supondría mantener unidas investigaciones de distinta complejidad. Según el auto, la instrucción de los hechos relacionados con mascarillas se encuentra «muy adelantada», mientras que la investigación sobre obra pública se halla «en una fase todavía muy incipiente».

El instructor ha empleado el término «mordidas» que habrían percibido los investigados, utilizando este concepto para describir las comisiones ilegales en un contexto que por el desarrollo de la argumentación queda perfectamente aclarado su significado.

La separación de la causa no impedirá que ambas piezas mantengan «testimonio de la totalidad de las diligencias practicadas» para «propiciar en la mayor medida posible el derecho de defensa de los distintos investigados». Esta medida garantiza que los abogados defensores tengan acceso completo a toda la información recopilada durante la instrucción.

Se configura así uno de las macrocausas de corrupción más relevantes de los últimos años en España. No hay que olvidar que sigue otro procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por las contrataciones desde los gobiernos de Islas Canarias (Ángel Víctor Torres) e Islas Baleares (Francine Armengol). Ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática; y presidenta del Congreso de los Diputados, respectivamente.