El Supremo cita a Ábalos como imputado y asume la investigación a Koldo y Aldama

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado a declarar como investigado al ex ministro José Luis Ábalos el próximo 12 de diciembre en el marco de la investigación sobre la presunta contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. La citación, fijada para las 10:00 horas, tiene carácter voluntario y se produce antes de que el magistrado decida si eleva suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder investigar formalmente al actual diputado. Según explica el auto, esta comparecencia voluntaria pretende favorecer el derecho de defensa del aforado, quien deberá confirmar a través de su abogado si acudirá a la misma.

El instructor también ha citado como investigados al empresario y comisionista Víctor de Aldama, que deberá comparecer el 16 de diciembre, y a Koldo García, ex asesor de Ábalos, convocado para el día siguiente. Ambas declaraciones están previstas también a las 10:00 horas.

En su resolución, el magistrado ha decidido asumir la competencia para investigar tanto a Aldama como a García por considerar que sus conductas están «directa e inescindiblemente» relacionadas con las que pudiera haber protagonizado el exministro. El juez señala que el perímetro de la investigación se centra en la adjudicación de contratos entre la Administración o entidades vinculadas a ella y empresas privadas.

Según los indicios recogidos en la exposición razonada, Aldama habría aprovechado su influencia sobre Koldo García y sobre el propio Ábalos para conseguir la adjudicación de contratos, principalmente con Puertos del Estado y Adif, pero también con otras administraciones. A cambio, siempre según las investigaciones preliminares, habría realizado determinados pagos y contraprestaciones económicas que le habrían beneficiado tanto a él como a terceros.

Por su parte, Koldo García, quien fuera asesor del entonces ministro Ábalos, aparece en las investigaciones como el presunto enlace entre la Administración y las empresas privadas, específicamente entre Aldama y el exministro. El juez subraya que existe un «indisoluble vínculo» entre las imputaciones, ya que sería «inconciliable» que unas resoluciones descartaran la existencia de pagos mientras otras confirmaran la realidad de los cobros.

El magistrado ha establecido que el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional debe continuar investigando las diligencias previas respecto al resto de investigados, así como otros hechos que no estén relacionados con Ábalos. Entre estos delitos no vinculados al aforado que podrían atribuirse a Aldama y García, el auto menciona posibles infracciones contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

En relación con las acusaciones populares, el instructor ha dado un plazo de tres días a las seis entidades personadas provisionalmente en la causa para que informen sobre la posibilidad de unificarlas en una única acusación. Estas entidades son el Partido Popular, Vox, hazteoir.org, la asociación Liberum, el sindicato Manos Limpias y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa.

La causa, que se encuentra en una fase «muy incipiente» según destaca el propio auto, investiga las presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia de COVID-19. Las pesquisas se centran especialmente en las adjudicaciones realizadas a través de Puertos del Estado y ADIF, organismos que estaban bajo la supervisión del Ministerio de Transportes cuando Ábalos era su titular.

Esta investigación se suma a la que ya desarrolla la Audiencia Nacional sobre la trama de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia, en la que también están implicados algunos de los investigados por el Supremo. Sin embargo, el alto tribunal sólo asume la parte de la investigación que está directamente relacionada con el aforado, dejando el resto de las pesquisas en manos del juzgado central de instrucción.

La decisión del instructor de ofrecer una declaración voluntaria a Ábalos antes de solicitar el suplicatorio responde a la jurisprudencia establecida en casos similares, que busca garantizar el derecho de defensa de los parlamentarios sin perjuicio de las prerrogativas que les otorga su condición de aforados.