Los socios de Sánchez piden a Marlaska que purgue a los guardias civiles que critican la amnistía

Los socios del Gobierno de Pedro Sánchez se lanzan contra los guardias civiles y policías que han manifestado su disconformidad ante la ley de amnistía que exige Junts y que el PSOE ya ve con buenos ojos. Desde Sumar han registrado en el Congreso una petición para que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska investigue a los agentes que están detrás de la plataforma JUCIL, representante de unos 15.000 guardias civiles. Alegan que las palabras de JUCIL en defensa de la Constitución y calificando la amnistía de «golpe de Estado» vulneran el principio de neutralidad política del cuerpo y piden a Marlaska que abra expedientes disciplinarios. Mientras, el resto de asociaciones se posicionan contra la amnistía en términos semejantes, como recoge este jueves OKDIARIO.

Caza de brujas entre los socios de Sánchez contra los agentes de la Guardia Civil que han mostrado su contundente repulsa ante la posibilidad de que el Estado olvide todos los delitos cometidos por el separatismo radical. Desde la organización del referéndum ilegal del 1-O hasta el caso de los CDR que fabricaban explosivos, pasando por la respuesta violenta y organizada a la sentencia del Tribunal Supremo en las calles de Cataluña.

En una iniciativa registrada por el diputado de Sumar Enrique Santiago, la formación puntualiza que «hemos tenido conocimiento a través de las redes sociales de un comunicado de la asociación profesional Justifica para la Guardia Civil (JUCIL) publicado el pasado día 12 de septiembre en el que, bajo el título «Sobre una posible amnistía para los delincuentes catalanes», se califica como golpe de estado dictatorial la hipotética acción del Gobierno».

El diputado de Sumar, que procede del PCE, asegura que algunos párrafos de ese comunicado «evidencian la voluntad de esta asociación profesional de la Guardia Civil de participar en el debate político y en la actividad política, sumándose así a los discursos y acciones frentistas que desde determinados sectores se están alimentando de cara a la sesión de investidura que se celebrará en los próximos días».

Citan, como ejemplo, el siguiente extracto: «Si el Gobierno se autoriza a sí mismo para decidir lo que es delito, en realidad estaríamos ante un Golpe de Estado dictatorial en el que un poder se impone sobre los otros dos. Esto rompe con el Estado Democrático y de Derecho».

Además, consideran «estos posicionamientos contrarios a los valores constitucionales y al ordenamiento jurídico, con la intencionalidad de participar en la actividad política».

Libertad y neutralidad

Los socios de Sánchez argumentan en su propuesta que «la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil establece en su art. 7, sobre la libertad de expresión y de información, los deberes de neutralidad política y sindical. De la misma forma, el art. 9.5 establece que las asociaciones de Guardias Civiles no podrán llevar a cabo actividades políticas o sindicales, ni formar parte de partidos políticos o sindicatos, o el art. 18 que regula la prohibición de participar de actividades políticas y el deber de neutralidad y sindical en sus actuaciones».

«Esta asociación profesional no solo parece querer tomar partido en el debate político, en un momento en que se están convocando manifestaciones y difundiendo manifiestos contra una posible amnistía, sino que señalando de golpe de estado podría estar haciendo un llamamiento a la confrontación y a alimentar la crispación política y social».