La socialista Carla Antonelli se libra de los delitos de injurias y calumnias por su condición de diputada

• Luis Miguel Montero @Luismimontero
• Periodista de Investigación en OKDIARIO.
• • 10/10/2022 06:47
  • Actualizado: 10/10/2022 08:15

La querella interpuesta contra Carla Delgado Gómez, de nombre artístico Carla Antonelli, el 19 de julio de 2021, por unas declaraciones efectuadas el 5 de octubre de 2020 cuando se celebraba una Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad en la Asamblea de Madrid ha resultado desestimada por la Audiencia Provincial de Madrid porque considera que la ex diputada tiene «privilegio de naturaleza sustantiva que garantiza la irresponsabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (…)», esa misma garantía es la que libra a Antonelli ya que sus manifestaciones «si no estuvieran cubiertas por esta protección serían posiblemente constitutivos de delitos de injurias o calumnias», según recoge el auto de la sección 29 de la Audiencia Provincial al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El 5 de octubre de 2020 la entonces diputada socialista en la Asamblea de Madrid dijo que «está sucediendo en la residencia infantil de Chamberí, (…) donde su director (…) ya tiene dos denuncias por acoso laboral de dos trabajadores y de otros empleados que no se atreven a hacerlo por miedo a represalias (…)» y añadió que «su comportamiento hacia los menores residentes es de un total despotismo y agresividad, impropias de alguien que tiene que velar por la salvaguarda y protección (…)». Esa intervención fue reproducida en parte por la cuenta en redes de la Asamblea de Madrid. Fue la primera y única vez que una diputada señala personalmente a un funcionario de la Comunidad de Madrid, quien, como las acusaciones eran falsas, denunció a la diputada.

La denuncia presentada recogía que «las expresiones proferidas son constitutivas, al menos, de un delito de injurias y otro de calumnias dada la absoluta falsedad de los hechos que afirmó (…)». La querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid y la defensa de Antonelli presentó recurso contra esta admisión a la Audiencia Provincial de Madrid que ahora dicta un auto pronunciándose sobre la inadmisión de la misma. El razonamiento de la Sala entre otros es que «el diputado nacional o autonómico o senador tienen la certeza de que sus intervenciones no van a ser juzgadas y esa irresponsabilidad, entendida como no sujeción a responsabilidad exigible eternamente, asegura la libertad de expresión, reforzada por el privilegio de un plus de tolerancia justificado».

Sin embargo, el denunciante, director de un centro de menores de la Comunidad de Madrid, explica a OKDIARIO que «esto sienta un precedente peligroso y significa que cualquier político puede acusar a un funcionario de un delito o de varios, incluso de tener denuncias en su contra por asuntos penales graves que no existen… y no pasa nada e incluso puede hacer lo mismo con cualquier otro ciudadano, darle publicidad en Twitter o en el diario de sesiones siempre que lo haga desde una tribuna parlamentaria, lo que nos deja a todos los ciudadanos indefensos».

La ex diputada socialista ya fue llamada a declarar por la juez que instruyó la causa. Antonelli sólo contestó a las preguntas de la magistrada y de su propio abogado y se negó a responder a José Antonio López, abogado del demandante. Antonelli aludió a su condición de diputada en la Asamblea de Madrid para justificar sus afirmaciones, aunque no supo especificar a qué se refería cuando hablaba de denuncias contra el director del centro de menores. Hasta en ocho ocasiones la juez le pidió que aclarase qué entendía por denuncia, pero Antonelli no supo determinar si las denuncias eran formales o habían sido realizadas sólo de voz a ella misma. Evidentemente, las denuncias nunca existieron.

Por este motivo, el director del centro de menores del barrio madrileño de Chamberí incluso aportó a la causa una carta con fecha de 11 de noviembre de 2020, dirigida a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, y firmada por los 22 directores de residencias de menores de la Comunidad de Madrid «mostrando su apoyo a mi mandante, así como censurando la conducta de la ahora demandada, por haber emitido acusaciones infundadas llegando a filiar a mi mandante». Ese fue precisamente el problema, que Carla Antonelli dio el nombre y primer apellido del director del centro de menores de Chamberí durante una comparecencia pública. La denuncia recogía que «la querellada (Antonelli) está atribuyendo a mi mandante comportamientos delictivos, no sólo por las denuncias de acoso laboral (inexistentes) sino por las supuestas coacciones o amenazas a otros trabajadores que no le denuncian por miedo a represalias» e «incurre en un delito de injurias cuando afirma que ‘la información de hoy que nos llega es casi más preocupante, y es que su comportamiento con los menores residentes es de un total despotismo y agresividad’ (…)».

El 26 de enero de 2021 se presentó demanda de conciliación previa a la querella y hubo acto de conciliación ante el Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid «con el resultado de sin avenencia» y según consta en la misma denuncia «la querellada no negó los hechos, sino que se limitó a acogerse a la inmunidad de inviolabilidad parlamentaria de las que gozan los diputados de la Asamblea de Madrid».

Respecto a esta inviolabilidad parlamentaria sostiene la querella que «resulta sorprendente (…) que la señora Delgado piense que por el mero hecho de ser diputada de la CAM, pueda afirmar lo que le venga en gana sobre quien quiera, como quiera, cuando quiera y acerca de lo que quiera, con absoluto desprecio a la persona de la que habla, tanto en su vertiente personal como profesional, demuestra que su temeridad no se circunscribe a lo que dijo, sino a su sentimiento y forma de entender su condición de política, de ser impune, de estar por encima de la ley y por supuesto por encima del resto de los ciudadanos». Sin embargo, ahora la Audiencia Provincial de Madrid da la razón a Antonelli. Contra el auto sólo cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.