Los servicios jurídicos del Parlament frenan la tramitación de las leyes separatistas de JxSí y la CUP

Los servicios jurídicos del Parlament frenan la tramitación de las leyes separatistas propuestas por Junts Pel Sí y la CUP. Se trata de una ponencia conjunta que recoge las leyes de desconexión entre Cataluña y España. Cuatro grupos de juristas ponen en duda su “viabilidad”; mientras que dos mantienen que se deben de constituir. En el informe, se afirma que la creación «puede generar como efecto adicional que los grupos parlamentarios que se han opuesto deban asumir una participación activa en la elaboración de un texto normativo en contra de sus legítimos intereses políticos, obligación que el Reglamento no les impone “.

Los abogados aseguran que crear una ponencia conjunta sin el apoyo de la mayoría de grupos puede ser un «acto arbitrario» según el artículo 9.3 de la Constitución. Además recomiendan a Junts Pel Sí y la CUP utilizar otras fórmulas como un proyecto o una proposición de ley.

Los letrados críticos mantienen que la «lógica» del artículo 126 del reglamento lleva a considerar que la posición de los diversos grupos debe ser «determinante». Lo avalan porque aseguran que el procedimiento de ponencia «tiene como objetivo crear una base de trabajo conjunta, que obviamente no se puede dar si cuatro de seis grupos no aceptan esta ponencia».

Junts pel Sí y la CUP solicitaron hace dos semanas la creación de estas ponencias para impulsar las leyes de Transitoriedad Jurídica, Hacienda y Seguridad Social, fruto del acuerdo que ambos grupos plasmaron en la resolución rupturista del 9N, anulada por el Tribunal Constitucional. Tanto Ciudadanos, PSC, Cataluña Sí ques Pot y el PP dijeron un claro «no» a la creación de estas ponencias la semana pasada. «La Ley es clara y el Tribunal Constitucional no lo respalda», dijeron en grupo. Además, señalaron, al elegir la fórmula de ponencia conjunta se les obligaba a participar en la redacción de unas leyes con las que no están de acuerdo. Por eso, la semana pasada la mesa del Parlament solicitó un informe jurídico que examinara su viabilidad. Ahora los letrados les dan la razón. Las tres leyes de la desconexión no encajarían totalmente con este precepto. Pero además, el informe alerta que para crear una ponencia conjunta de este tipo se necesita “un amplio consenso” entre los grupos parlamentarios. Un consenso que no se ha producido, sigue el texto, porque los grupos que se oponen a la creación de las ponencias casi igualan en escaños a Junts pel Sí y la CUP.