El separatismo exige a Sánchez la salida de la Policía de Vía Layetana en plena tensión por Puigdemont
Sánchez se plantea sacar a la Policía Nacional de su sede de Vía Layetana para obtener el apoyo de ERC
Sánchez y Aragonès mantendrán viva la mesa de negociación para sobrevivir hasta 2023
Sánchez se parte el espinazo ante la bandera catalana en una Generalitat que le recibe sin la española
El plan de echar a la Policía Nacional de la Comisaría de Vía Layetana en Barcelona comenzó siendo una exigencia de la CUP. Hoy en día, ERC no discute ya los deseos de la CUP y JxCAT los acepta como medio de presión al Gobierno de Pedro Sánchez. La exigencia ha llegado al Ejecutivo nacional, cuyo partido en Cataluña, el PSC, tampoco defiende ya la permanencia de los agentes en una Jefatura Superior de Policía que se ha convertido en la diana permanente de los ataques de la kale borroka catalana.
La propuesta de sacar a la Policía Nacional de su sede más emblemática en Cataluña ha sido trasladada por la CUP en diversas ocasiones. Sus proclamas contra los agentes han sido escuchadas en diversas ocasiones incluso en sedes oficiales y en el mismo Parlamento catalán. Pero, lo que inicialmente fue una batalla aislada de la CUP, en estos momentos cuenta con el apoyo -efusivo o tácito- de todo el separatismo.
Justo cuando la tensión por la detención de Puigdemont vuelve a la palestra y cuando el Gobierno de Pedro Sánchez necesita el respaldo de sus aliados para poder impulsar unos Presupuestos que le hagan más fácil el camino de seguir viviendo del rescate europeo de los famosos 140.000 millones de euros. Un dinero, que, por otra parte, cuenta cada vez con más condicionantes por parte de la UE: hasta el momento España sólo ha recibido 9.000 millones de euros y está a la espera de un segundo tramo de otros 10.000 millones en 2021, claramente por debajo de lo esperado y presupuestado por Sánchez.
La mesa de negociación entre Sánchez y Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, de hecho, se saldó con un pacto entre ambos: gestos, calmar la inacabable hambre separatista con gestos. Y el problema es que la comisaría de Vía Layetana puede convertirse en uno de esos gestos si Sánchez no frena lo que ya se ha convertido en una reclamación, incluso, de muchos de los cuadros del PSC.
La Jefatura Superior de Policía, situada en la Via Layetana de Barcelona, cuenta con todos los elementos buscados por los separatistas para exigir a Sánchez la expulsión de la Policía Nacional de esta sede. Se ha convertido ya en la diana permanente de los ataques de los CDR en cada ataque de la kale borroka catalana.
Desde los años 90, varias asociaciones de la memoria histórica han señalado el lugar por su papel de control policial y político durante el franquismo y han pedido la salida de la actual policía. Y, por si fuera poco, su ubicación es estratégica para que la Policía Nacional pueda actuar con rapidez en todo el centro de la capital catalana.
Reclamación de Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona
Por ello, la entrega de la comisaría de Vía Layetana se ha convertido en una tanto la Generalitat como del Ayuntamiento de Ada Colau. Una reclamación que ya está en la mesa de Sánchez. Hasta el momento, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha negado a la petición por no haber más motivos para ellos que los de intentar demostrar el triunfo del separatismo frente al poder del Gobierno central y la función de la Policía Nacional.
La estrategia, de hecho, mezcla ahora el factor separatista con el de memoria histórica. Por eso la Conselleria de Justicia ha anunciado ya que trabaja en un anteproyecto de ley de una ley catalana de memoria histórica: un “instrumento legislativo ajustado a los principios internacionales de justicia, reparación y no repetición”. Y, entre los puntos que prepara, se incluye la recopilación de “archivos y fondos documentales” como elementos probatorios de “torturas, asesinatos e interrogatorios” durante la dictadura en la misma sede que ahora ocupa la Policía Nacional. Por todo ello, asociaciones de memoria histórica reclaman que la Jefatura Superior de Policía de Cataluña se convierta en sede de un área de memoria histórica.
Quien tiene que decidir es Sánchez.
Justo cuando el separatismo aprieta la negociación de Presupuestos. Y, en especial, tras la detención de Puigdemont.
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